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Este conflicto data de hace más de 18 años, donde los usuarios de la Asociación de Usuarios del Campo Comunal de Costa Irala, venían denunciando constante invasión y desprendimiento de parte del inmueble del campo comunal. Ante dicho conflicto, el fiscal de la Unidad Penal N°2 de este distrito, Eustaquio Hermosilla, por resolución N° 488 del 10 de julio último, dispuso la habilitación del acceso al campo comunal, reparación de alcantarillado sanitario y el ingreso de vacunos en trasganado.
Sin embargo, los usuarios del campo comunal en asamblea no aceptaron dicha disposición y solicitaron al agente fiscal que revoque dicha medida. El agente fiscal Hermosilla atendiendo el pedido de los usuarios del campo comunal por resolución N°30/2023 dejó sin efecto la mencionada resolución, explicó el presidente del campo comunal, Roque Barrios.
Los usuarios del campo comunal habían también decidieron reducir la dimensión de los cuatro accesos al campo comunal para evitar que sigan ingresando trasganado, de la familia Carmelino y Cornelio Melgarejo Lovera. Para el efecto, realizaron el trabajo de mejora, pero la familia Melgarejo Lovera, volvió a sacar todos los postes, cercados y cimbras que pusieron.
El Campo Comunal de Costa Irala de Quiindy, según resolución N°191 del 6 de junio de 1974, funciona en una extensión de 912 hectáreas otorgada en ese entonces por el Instituto de Bienestar Rural (IBR), actual Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), para el pastaje o brebaje de animales vacunos.
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Somos usuarios del campo comunal
Por su parte, Cornelio Melgarejo Lovera, manifestó que ellos no son invasores, sino que son también antiguos usuarios del campo comunal, sus padres utilizaban el campo y tenían ahí sus animales y ahora sus demás hermanos también cada uno con 20 a 50 animales cada uno, usan dicho espacio porque son lugareños.
Agregó ”No somos adinerados, somos personas que luchamos día a día, el campo comunal se está administrando mal porque se está permitiendo también la construcción de viviendas”. El conflicto por el paso se inició porque los de la asociación de usuarios, no quieren que ingresen trasganado y pretendían achicar los accesos, y eso no puede tocarse porque en caso que ocurra incendio deben entrar los carros hidrantes.
Antecedentes
El campo comunal fue cedido por el exIBR, según resolución N°191 del 6 de junio de 1974. En el 2005, el ente agrario ordenó una mensura judicial, alegando que dentro de las 912 hectáreas del inmueble otorgado para campo comunal habría un excedente de 77 hectáreas.
Por resolución N°1317/2004 el ente agrario autorizó el desprendimiento de una hectárea de parte de dicho excedente para la instalación de una planta industrial a favor de la familia Melgarejo Lovera.
En el 2012, una persona identificada como Gustavo Raúl Dos Santos alambró 50 hectáreas del supuesto excedente por disposición de la jueza en lo Civil, Laboral y Comercial de Paraguarí, Liduvina Otazú,