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Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia imputaron al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos (YoCreo), y a otras diez personas por lesión de confianza, tras una presunta compra fraudulenta de 25.000 kits de alimentos durante la pandemia.
La defensa legal de Prieto, a cargo del abogado Guillermo Ferreiro, señaló que con esta imputación buscan ejecutar “un golpe” en la Comuna esteña.
“Claramente obedece a la intención de hacer lo mismo que se hizo con Mario Ferreiro: dar un golpe de Estado municipal y sacar al intendente. Y en tres años decir: ‘Bueno, nos equivocamos, no había un problema, no había nada’. Es grave lo que está haciendo la Fiscalía”, mencionó.
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No hay atribución de hecho punible contra Prieto
Argumentó que el jefe comunal de CDE está siendo imputado por irregularidades tributarias que cometió el proveedor de los kits de alimentos.
“No le atribuye hechos a Miguel Prieto; le atribuye hechos a una empresa cuya contabilidad no es... Digamos, no sustenta sus compras; por lo tanto, Miguel Prieto no va. O sea, yo te compro a vos alimentos, vos me entregás, tenemos todas las fotos, todos los documentos, las actas, las personas que recibieron esos alimentos. Dice que en declaración ante la SET, el proveedor no justifica a quién le compró eso; por lo tanto, le imputo”, explicó.
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“No menciona ningún tipo de suposición de que haya un sobreprecio. La imputación se basa en un hecho punible de lesión confianza que requiere de un perjuicio patrimonial. Eso no produjo un perjuicio patrimonial. La imputación en ningún punto habla de sobreprecio”, añadió.
Fiscalía es “garrote político”
Insistió en que “esta es una patoteada” que confirma que el Ministerio Público es utilizado como “garrote político”.
“Vengo diciendo que la asociación criminal por excelencia es el Ministerio Público. Es una institución que se dedica a encubrir y proteger a criminales y a montar y armar causas falsas, que después terminan en escándalos de juicios orales, con palizas que les dan los abogados defensores y los jueces”, subrayó.
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Además, dio a entender que con esto se busca cortar la carrera política de Miguel Prieto, en caso de que este tenga intenciones de candidatarse para presidente en el 2028. “Anticipo que pasados los 6 meses van a pedir prórroga 6 meses y luego, a fin de año, sobreseimiento. Se le va a tener como ‘procesado’ a Miguel Prieto hasta cerca de las presidenciales 2028″, mencionó.