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La imputación por estafa fue presentada el 14 de julio por la fiscala interina de Ybycuí, departamento de Paraguarí, Mercedes Vera Monges. Además de Odilón Leiva Sandoval (54) y Cristhian Leiva Bogado (30), también fue imputado como cómplice el chofer Óscar Adrián Caballero Gallardo (28).
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De acuerdo a la investigación fiscal, el 6 de julio pasado, Juan Manuel Ricardo Brítez Portillo, propietario de la empresa Lucero EAS de Villarrica, recibió por WhatsApp un pedido de mercaderías de ferretería por valor de G. 120 millones. Los estafadores se hicieron pasar por un empresario con solvencia económica para embaucar a la víctima. Juan Manuel Brítez ordenó a sus empleados que lleven las mercaderías a este cliente hasta un local en la localidad de La Colmena, también en Paraguarí.
En el lugar fueron recibidos por un cómplice, que se hizo pasar por un encargado y que aún no pudo ser identificado. Luego de que se descargó la mercadería, este cómplice les pidió a los empleados de la víctima que fueran a otro sitio, una oficina cercana, para entregar los cheques de pago. Llegaron todos al lugar acordado, pero los empleados se percataron de que el cómplice había desaparecido en su camioneta. Los empleados volvieron al local en donde descargaron la mercadería, pero ya se había robado todo, de acuerdo a la testifical que brindaron.
A partir del video de una cámara de seguridad, se pudo ver cómo cinco personas se llevaban las mercaderías de ferretería por valor de G. 120 millones en camiones. Las víctimas lograron reconocer a dos personas: Cristhian Leiva y Óscar Caballero; este último un chofer. En este video no se llegó a reconocer a Odilón Leiva, pero el empresario guaireño reconoció que su sobrino fue quien se quedó con las mercaderías, pero que la iban a devolver a los propietarios, sin embargo, eso nunca ocurrió. La Fiscalía ordenó la detención de los tres, en tanto que los cómplices, siguen sin ser identificados.
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La víctima, Juan Manuel Brítez, contó que contactó con Odilón Leiva. De acuerdo a su testimonio, Leiva reconoció que su sobrino realizó la presunta estafa, pero que en realidad debía ser en contra de otra persona, alguien que supuestamente le adeuda unos G. 80 millones, pero que por error terminaron por robársela a él. Acordaron que la mercadería se devolvería y las órdenes de detención se dejaron sin efecto. Pero los días pasaron y la mercadería nunca se devolvió y la víctima informó de esto al Ministerio Público.
Junto a la imputación, la fiscala interina del caso, Mercedes Vera, solicita la prisión preventiva de los tres sospechosos de estafa y la audiencia de imposición fue fijada para el 9 de agosto próximo.
Intentamos conversar con la familia Leiva para obtener su versión sobre el caso, pero no pudimos contactarla. Desde nuestra redacción regional estamos abiertos a recibir su descargo.
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