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El juez penal de Garantías José Agustín Delmás Aguiar admitió hoy la imputacion presentada contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos y fijó para el viernes 28 de julio, a las 9:00, la audiencia de imposición de medidas para el jefe comunal, prevista en los artículos 242 y 245 del Código Procesal Penal (CPP). La imputación del Ministerio Público es por lesión de confianza.
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De igual manera, el juzgado penal de garantías especializado en Delitos Económicos dispuso que el Ministerio Público debe presentar su requerimiento conclusivo (acusación, sobreseimiento definitivo o sobreseimiento provisional) el 19 de enero de 2024 con relación a Prieto y los otros 10 imputados por el caso.
Con posterioridad a la audiencia de imposición de medidas del intendente Prieto, el mismo viernes 28 de julio se realizarán las audiencias con el mismo fin para los demás imputados, en el siguiente orden:
1) A las 09:15 deberá comparecer a la audiencia de imposición de medidas el imputado Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, exdirector de Administración y Finanzas.
2. A las 09:30, Maggi Elizabeth Fariña Almada, excoordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones.
3. A las 09:45, Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal.
4. A las 10:00, José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.
5. A las 10:15, Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes.
Para el lunes 31, están convocados a presentarse ante el juzgado otros cinco procesados, en el orden que se indica a continuación:
6. A las 10:00, Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros.
7. A las 10:15, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago.
8. A las 10:30, Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
9. A las 10:45, Fermín Ávalos Britos, dueño de Tía Chela SRL.
10. A las 11:00, Emili Vanessa Florentín Páez, propietario de la firma Vanemi SA.
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Perjuicio patrimonial de casi G. 2.000 millones
El 18 de julio de 2023, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia imputaron al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos (YoCreo), y a otros diez implicados por una supuesta compra fraudulenta de unos 25.000 kits de alimentos durante la pandemia.
Además, solicitaron el arresto domiciliario para el jefe comunal esteño.
Siempre según la imputación del Ministerio Público, la Municipalidad de Ciudad de Este habría sufrido un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 a raíz de la compra de los alimentos efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL.
Adquisición debió hacerse por licitación pública
De acuerdo a la imputación, en base a dictamen de la entonces coordinadora de UOC Maggi Fariña, en marzo de 2020 el intendente Prieto Vallejos convocó una licitación por la vía de la excepción para la compra de cestas básicas para su distribución a familias de escasos recursos afectadas por la pandemia del covid-19.
El fiscal Corbeta sostuvo en ABC Cardinal que la vía de la excepción -un trámite más rápido y sin control de la Junta- no correspondía para la convocatoria, sino debía ser a través de una licitación pública nacional. También mencionó que Prieto Vallejos ya distribuía los kits de alimentos antes de la firma del contrato.
El entonces director de Desarrollo Social Sebastián Martínez y José Félix Cáceres fueron designados para integrar el comité de evaluación, que recomendó la adjudicación de la licitación a Tía Chela SRL.
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Corbeta indicó que la empresa adjudicada no contaba con capacidad técnica ni financiera para ganar un millonario contrato público, tras analizar sus movimientos comerciales a través de constancias en la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación).
Inconsistencias en la adquisición de alimentos
Los datos de la investigación señalan que Tía Chela SRL a su vez había comprado parte de los alimentos a la firma Vanemi SA, y de contribuyentes denunciados como inexistentes por la SET. Sin embargo, las adquisiciones de Tía Chela SRL no alcanzaban el lote de alimentos contratado por la comuna esteña.
El fiscal Corbeta igualmente informó que a través de la oficina de Crimen Organizado de la Policía se descubrió, a través de un control aleatorio, que la mayoría de los beneficiarios con los alimentos que figuran en las planillas de entrega en realidad son residentes fuera del país o fuera de Ciudad del Este.
El equipo fiscal solicitó al juzgado el arresto domiciliario de los imputados, así como su incomunicación con otros funcionarios de la Municipalidad para no obstruir la investigación.