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El juicio oral y público al exministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac por cohecho pasivo agravado (coima) prosiguió en la mañana de este miércoles 19 de julio con la presentación de los alegatos finales del Ministerio Público, oportunidad en que el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Luis Lionel Piñánez solicitó una condena de seis años de cárcel para el exintegrante de la Sala Civil y Comercial.
En sus alegatos finales, el agente del Ministerio Público explicó que quedó demostrado que el exministro Bajac solicitó sumas de dinero a cambio de una contraprestación y que asimismo había solicitado que abogados que trabajarían con él sean designados para llevar adelante el juicio civil.
El fiscal Piñánez también alegó que no existen dudas de que Bajac con la maniobra realizada pretendió obtener un lucro de forma indebida, con lo que vulneró sus deberes judiciales.
Agregó que Bajac actuó con dolo porque conocía el delito que estaba cometiendo y que anhelaba el resultado pretendido, de cambiar el sentido de su voto para favorecer a quien solicitó a cambio de una suma de dinero. Además, el exministro de la Corte generó todo un esquema de corrupción que afectó a la imagen del Poder Judicial.
Pena de cuatro años para funcionario
El agente fiscal solicitó igualmente la condena de cuatro años de pena privativa de libertad para el funcionario judicial que actuó de intermediario para el pedido de dinero, Rafael Luis María Ramírez Doldán.
Sobre Ramírez Doldán, el fiscal Piñanez alegó que actuó con dolo porque ayudó a perpetrar el hecho punible de cohecho pasivo agravado, por lo que fue acusado en grado de complicidad. El agente del Ministerio Público asimismo dijo que este acusado actuó con ánimo de lucro porque en un audio se le oye solicitado dinero al denunciante Felipe Nery Páez.
Piñánez asimismo indicó en sus alegatos que sin la participación de Ramírez Doldán, no se podría haber cometido el delito.
Pide remitir antecedentes a la Fiscalía por supuesto falso testimonio
El fiscal Piñanéz también solicitó que el tribunal de sentencia remita al Ministerio Público los antecedentes de dos testigos, que a criterio del agente, mintieron en sus declaraciones en la tramitación del juicio oral. se trata del abogado Juan Carlos Avila Meza y al entonces funcionario judicial Carlos Lesme.
El fiscal Piñanéz explicó que Avila Meza y Lesme había sido procesados como cómplices en la causa de cohecho pasivo agravado, pero que los mismos obtuvieron una salida procesal, por lo que fueron llamado como testigos. Sin embargo, a pesar de haber reconocido sus participaciones en el esquema de coima, ambos mintieron en la audiencia pública con la finalidad de ayudar a los ahora enjuiciados, refirió.
Por esta circunstancia, el agente fiscal solicitó que el tribunal de sentencia remita los antecedentes de las declaraciones falsas de Avila Meza y de Lesme para que la Fiscalía les abra un proceso penal por falso testimonio, que tiene una expectativa de prisión de hasta 10 años.
Antecedentes del supuesto pedido de dinero
“La causa de Miguel Bajac es donde él solicitó sumas de dinero a cambio de otorgar un beneficio procesal a unas personas que eran parte en un proceso civil. Este fue a la Sala Civil y es ahí cuando se pidió una suma de dinero y se desnudó ahí un esquema de corrupción”, explicó el fiscal Piñánez.
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“En un principio, la denunciante refiere que se reunió con Miguel Óscar Bajac y él le dijo que para ayudarle -porque había caído en la Corte el expediente de una firma que ella representaba, Cal Agro SA (que demandaba al Estado, concretamente a la Industria Nacional de Cemento)- Bajac le propone que vaya a un estudio jurídico y firme unos poderes, a los efectos de esta manera, ofrecer la solución que ellos querían: ganar el juicio. Y en una de las cláusulas, en el supuesto pago de honorarios, se simulaba la coima supuestamente”, indicó el agente fiscal.
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Según MP, Miguel Óscar Bajac habría pedido coima de US$ 50.000
Según la acusación presentada por los fiscales Luis Piñánez y Victoria Acuña, entre diciembre de 2017 y julio de 2018, Miguel Bajac, entonces ministro de la Corte, solicitó a Felipe Nery Páez y Liduvina Rodríguez Mendieta –esta última dueña de la firma Cal Agro SA– el pago de sumas de dinero que ascendían al 5% del monto del capital establecido en un juicio de la referida empresa contra la Industria Nacional del Cemento (INC), sobre una indemnización de daños y perjuicios por G. 3.700.000.000.
La acusación refiere que Bajac se reunió en varias ocasiones, en su despacho, con el denunciante Felipe Nery Páez y le solicitó “formalizar un acuerdo con un abogado designado por él”. Para el efecto, el ahora exministro designó a Juan Carlos Ávila, con quien los denunciantes firmaron un pacto de cuota litis para hacer pasar la coima como parte de honorarios profesionales.
Antes de que se emitiera el voto, Bajac exigió US$ 50.000, y en un procedimiento encubierto del 5 de julio de 2018 cayó el facilitador Rafael Ramírez Doldán con una coima de G. 50 millones, en la plaza de la Justicia, ubicada frente al Palacio de Justicia (Sajonia). Tras esto, Bajac cambió su voto y lo emitió contra el empresario.
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Este juicio oral y público está a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Rossana Maldonado e integrado por Juan Francisco Ortiz e Inés Galarza y continúa con la presentación de los alegatos de las defensas, el martes próximo.