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La Comuna utiliza como vertedero de basura un predio empleado como corralón municipal para el depósito de vehículos que no reúne las condiciones mínimas para su empleo con ese objetivo, y sin contar con la habilitación del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), sostuvo el abogado Rogelio Ríos, patrocinante de Héctor Daniel Ayala, poblador del lugar quien promovió la demanda contra la Municipalidad de Encarnación y el Mades.
“Pedimos como medida de urgencia que la municipalidad se abstenga de usar el corralón municipal como lugar de disposición final de residuos urbanos, por violar normas ambientales y poner en riesgo la salud de las personas”, sostiene el letrado.
Según trascendió, el vertedero municipal, ubicado en el barrio Cuatro Potreros, tampoco cuenta con habilitación del Mades y estaría violando normas ambientales que regulan en la materia. Este dato es negado por funcionarios municipales.
La situación se da en el contexto de una profunda crisis que afecta al área de Aseo Urbano de la comuna, a raíz de una medida de fuerza que realizan desde hace varios días los trabajadores recicladores de residuos (gancheros) en el vertedero municipal, quienes tienen copado el sector y no permiten la descarga de los camiones con residuos.
La protesta de los gancheros se debe al temor de estos trabajadores ante una eventual concesión a una empresa privada del sistema de recolección y disposición de residuos urbanos y que esto implique la pérdida de su fuente laboral.
El proyecto de tercerizar el servicio está en estudio actualmente por parte de una comisión especial integrada por la Junta Municipal y técnicos del Ejecutivo comunal.
Inspección del Mades
Ante varias denuncias de ciudadanos de la Contraloría Ciudadana, un comitiva técnica del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) realizó una verificación en el corralón y el taller municipal de la ciudad de Encarnación.
Los funcionarios del Mades refirieron que los encargados de los lugares verificados no presentaron los documentos que habiliten estos sitios para disponer de los residuos. Los mismos se constituyeron en el corralón del barrio Pacu Cua y el taller municipal del barrio San Pedro Curupayty.
En ambos lugares se evidenció la tenencia de grandes cantidades de basuras recolectadas en esta semana, ubicadas a cielo abierto, sin ningún aparente tratamiento. Los locales comunales se encuentran, además, en cercanías de zonas residenciales bastante habitadas de la ciudad.
Los vecinos se manifestaron por la situación e impidieron que sigan entrando más camiones de recolección, en estos lugares . Los mismos denuncian que se ven afectados por las moscas y los malos olores de los alrededores. Los ciudadanos organizados exigen la investigación de estos posibles graves delitos ambientales que comete la administración municipal.
No tienen dónde colocar la basura
El director de Recolección de Residuos y Barrido Urbano de la municipalidad, Cristian Rienzi, sostiene que esta es una medida provisoria, pues no tienen acceso al relleno sanitario, debido a las protestas de los gancheros, que exigen mejores condiciones del lugar y el rechazo al proyecto de tercerización de la recolección de basura.
El intendente de Cambyretá, Christian Matoza (PLRA), había autorizado de manera excepcional que ingrese la basura de Encarnación hasta el vertedero de su distrito.
Esta medida causó un disgusto en la comunidad, por lo que se prohibió el ingreso de cargas de otros distritos hasta este vertedero.
Además, concejales municipales cambyreteños presentaron una minuta para no permitir al intendente que vuelva a autorizar el ingreso de la basura encarnacena.
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El vertedero no estaría en condiciones
Las denuncias de los gancheros sobre la condición del relleno sanitario de Encarnación refieren que el mismo no realiza el trabajo de compactar y cubrir la basura, lo que dejaría los residuos a cielo abierto.
Los responsables municipales afirman que este predio fue donado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y que no fue entregado al municipio, por lo que no les pertenecía aún. Entretanto, no reconocen que existan delitos ambientales cometidos en el sitio.
Según fuentes, la Municipalidad de Encarnación presentó un Estudio de Impacto Ambiental previo sobre el relleno sanitario. El estudio recibió algunas observaciones, pero la comuna no respondió los cuestionamientos. Pasado el periodo de 90 días, el Sistema de Información Ambiental (SIAM) dio de baja el expediente. En otras palabras, no tiene papeles al día.
Exigen investigación de delitos ambientales
Ante posibles graves delitos ambientales, el grupo de ciudadanos de la Contraloría Ciudadana realizó también una denuncia ante la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de la Fiscalía.
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La fiscala a cargo, Angelina Arriola, afirmó que solicitaron a los entes encargados que remitan las documentaciones para corroborar la existencia de EIAP que habilite el relleno sanitario. Además, refirió que de constatarse la presencia de basura en los lugares denunciados, como el corralón y el taller municipal, se podría comprobar un presunto delito, estipulado en el Código Penal como procesamiento ilícito de desecho.
El encargado del ejecutivo municipal podría tener una pena de multa o hasta 5 años de privación de libertad, según Arriola. La encargada del caso explicó que iniciarán las constataciones para dar inicio a las investigaciones.
El problema de fondo
La crisis surgió con el cierre del vertedero municipal hace una semana, por parte de recicladores organizados que exigen mejores condiciones y que se rechace el proyecto de tercerización de gestión integral de los residuos sólidos urbanos y adecuación del relleno sanitario.
Según los manifestantes, ellos temen quedarse sin el sustento que les provee este trabajo si una empresa privada se hace cargo del vertedero. Además, sostienen que fueron los últimos en enterarse de que existía esta propuesta, que no los considera como trabajadores.
Unas 300 familias de la zona serían las afectadas. Los gancheros afirman que seguirán con la medida hasta que las autoridades locales rechacen este proyecto. Incluso, amenazaron con encadenarse frente a la Municipalidad hasta ser escuchados.
Lea más: Video: Gancheros cierran de manera indefinida el vertedero municipal de Encarnación
La municipalidad insiste con la tercerización
El proyecto de tercerización del servicio por un periodo de 25 años estipula sanciones rigurosas para quienes no aporten el canon por la recolección. Este canon incluye cobros judiciales y extrajudiciales, además de un interés del 2,5% sobre el monto adeudado, a partir del segundo mes de morosidad.
Los cobros pasarían a ser mensuales, cuando en la actualidad el pago es anual. El pliego de bases y condiciones exige a la empresa postulante contar con 8 unidades de camiones compactadores, cuando la municipalidad cuenta con 11 unidades actualmente. Este es uno de los puntos cuestionados por el grupo de ciudadanos que rechaza el proyecto comunal, impulsado por el intendente Luis Yd (Alianza).
El estudio del pliego se encuentra en la Comisión de Legislación de la Junta Municipal de Encarnación. Además, se conformó un equipo técnico que está estudiando modificaciones al pliego, antes de que sea tratado en el ente comunal.
Servicio deficiente
La tasa por la recolección de basura en Encarnación cuenta con 60% de morosidad, según el encargado de la Dirección de Recolección.
La flota de maquinarias de la municipalidad es de seis móviles propios que se encuentran activos, entretanto 4 están fuera de servicio.
Para suplir esta falencia, usan cuatro camiones bajo la figura de préstamo, que consiguen de privados, para cumplir con la recolección.
La ciudad produce 40 toneladas de residuos diarios, que son recogidos de 34 barrios del distrito. La dirección a cargo de Rienzi cuenta con 187 funcionarios, de los cuales 80 están dispuestos para el servicio de recolección de la basura.
“Agotaron instancias”
Las autoridades locales dicen haber agotado instancias de negociación con manifestantes. En ninguna de sus reuniones pudieron llegar a un acuerdo. La postura de los gancheros es firme, no están de acuerdo con la privatización del servicio.
El intendente Luis Yd, como gran parte de sus funcionarios, sostienen que hay una desinformación sobre la medida y que hay intereses políticos detrás de todas las movilizaciones.
Mientras se escudan en el fantasma de la persecución política, la realidad grafica la actual crisis que se vive en la ciudad, donde la basura pasó de ser un problema para pocos, a ser una tema de debate público, que afecta a toda la ciudadanía.