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La recusación del extitular de la Dinac Édgar Melgarejo Ginard, acusado junto a otros seis procesados por supuesta lesión de confianza en el caso de los “tapabocas de oro”, en contra de la jueza de Garantías de la causa Diana Carvallo, fue luego que la magistrada rechace los recursos de reposición y ratifique su decisión de no suspender la audiencia preliminar, como solicitaron las defensas.
Específicamente, el pedido de suspensión de la diligencia fue planteado por el Abg. Claudio Lovera, representante legal de Melgarejo Ginard, con el argumento de que el pasado 30 de junio de 2023 el Tribunal de Apelación Penal 3ª de la Capital, al dictar el Auto Interlocutorio N° 170, no analizó el recurso que planteó en contra de la providencia del juzgado de Garantías, por la cual se admitió el dictamen de la fiscala adjunta Soledad Machuca, que presentó la acusación y pidió elevar el caso a juicio oral.
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Las demás defensas se sumaron a la postura señalada y agregaron que el juzgado de Garantías no respetó el plazo de notificación de lo resuelto por la Cámara de Apelaciones, es decir, los 5 días hábiles que establece la norma, para la sustanciación de la audiencia preliminar.
El planteamiento de la defensa del extitular de la Dinac fue rechazado por la magistrada, posteriormente Lovera interpuso un recurso de reposición en contra de la resolución y la jueza Diana Carvallo se ratificó en su decisión de no suspender la audiencia preliminar.
Con la recusación planteada por Melgarejo Ginard se suspendió la audiencia preliminar para los acusados por supuesta lesión de confianza en el caso de la compra de 4.000 mascarillas, por parte de la Dinac, al inicio de la pandemia de covid-19, en marzo del año 2020. El recurso queda a cargo de la Cámara de Apelaciones.
Argumentos del extitular de Dinac para recusar a la jueza
El propio acusado Édgar Melgarejo Ginard, declarado por el Gobierno de los Estados Unidos como “significativamente corrupto”, argumentó la recusación en contra de la jueza de Garantías Diana Carvallo en base a lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional y el artículo 50 del Código Procesal Penal.
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El extitular de la Dinac se extendió por más de una hora para fundamentar la recusación, afirmando que la magistrada admitió pruebas obtenidas y actuaciones del Ministerio Público, realizadas en violación de las normas, según expresó.
“Existe una verdad de hierro: el derecho del imputado de ser juzgado por un tribunal imparcial, pues es injusto que se imponga a las partes, sobre todo a los acusados, un juez cuya imparcialidad está en duda”, expresó Melgarejo Ginard en parte de su fundamentación.
Agregó que la jueza Diana Carvallo tuvo una actitud arbitraria al sostener actuaciones defectuosas y ser “sumamente condescendiente” con el Ministerio Público que, según aseguró, pretende introducir elementos probatorios que no estuvieron a disposición de las defensas antes de la audiencia preliminar.
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“Los sometidos a este proceso estamos señalados por algunos medios periodísticos y por oportunistas políticos, quienes nos presentan ante la sociedad y el mundo como culpables. Estamos condenados mucho antes que se llegue a instancias definitorias donde se puede dictar cualquier sentencia”, sostuvo el extitular de la Dinac.
Fiscalía ratificó acusación por “tapabocas de oro”
Al inicio de la audiencia preliminar, los fiscales Silvio Corbeta y Natalia Silva ratificaron la acusación planteada el pasado 28 de abril, a través del Dictamen N° 836, por la fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción Soledad Machuca, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza.
Los acusados en esta causa penal son: el extitular de la Dinac Édgar Alberto Melgarejo Ginard, en calidad de autor; Juan Carlos Turitich Báez, Marcelo Rubén Ovelar González, Luz María Chamorro Báez, Fernando José Gallardo de Brix, Katherine Pamela Toñánez Vera y Juan Carlos Vargas Franco, sindicados como cómplices del hecho punible.
Según la acusación, el entonces titular de la Dinac Édgar Melgarejo Ginard compró 4.000 tapabocas vencidos y con características distintas a las que estaban en el contrato firmado con la empresa Proyectos Global SA y que cuentan con certificados de aprobación.
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El Ministerio Público habla de un perjuicio patrimonial de G. 119.960.000 con la compra sobrefacturada de tapabocas de la firma Proyectos Global SA, de Katherine Pamela Toñánez y Carlos Franco Vargas, quienes también fueron procesados y tienen pedido de juicio oral. Las defensas sostienen que el presunto daño “ya fue reparado”.