Cargando...
En conversación con ABC TV este viernes, Mauricio Maluff Masi, vocero de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), una agrupación activista que hizo varias denuncias de irregularidades en el sistema de transporte público en la capital y sus alrededores, comentó sobre la actualización de las designaciones al consejo que reglamenta el billetaje electrónico, decretadas ayer por el Poder Ejecutivo.
El jueves, el presidente Mario Abdo Benítez emitió el Decreto N° 9.629 con el cual actualizó las designaciones de las personas que integran el consejo ad hoc que reglamenta el billetaje, conforme estipula la Ley N° 5.230/14 del cobro electrónico.
Lea más: Abdo no mencionó crisis del transporte ni subsidios por “pasajeros fantasma”
Si bien inicialmente se reportó que el decreto eliminó del consejo a un representante de Opama, Maluff Masi aclaró que en realidad nunca hubo un representante de los pasajeros en el consejo, a pesar de que la ley obliga a que sí lo haya.
“Ese es el verdadero escándalo; parte de lo que quisimos hacer como Opama es ocupar ese espacio”, señaló.
El vocero de Opama dijo que el viceministro de Transporte, Óscar Stark, ofreció ese espacio a la organización con la condición de que tenga personería jurídica, lo que Maluff Masi juzgó adecuado “para que haya transparencia” en la selección de la persona que representará a los pasajeros en el consejo.
Lea más: Transporte promete informar pagos de subsidios
La personería jurídica para Opama actualmente está en trámite.
Los desafíos para el nuevo gobierno en transporte
Maluff Masi dijo que, además, Opama está en un periodo de “diálogo interno” para definir los reclamos a presentar al gobierno entrante del presidente electo, Santiago Peña, que asumirá el poder en agosto.
El vocero dijo que el nuevo gobierno tendrá que hacer “una fuerte inversión en transporte público” con obras de infraestructura vial y medios de transporte alternativo como el tren de cercanías, además de “una reorganización seria del sistema” y un mejor control al trabajo de las empresas privadas que proveen el servicio.