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La fiscala María José Pérez afirmó hoy en sus alegatos finales que Raúl Isaac Mendoza Ramos, ex intendente de San Antonio, cometió el hecho punible de lesión confianza durante su gestión al frente de la comuna, con la adjudicación irregular para la provisión de almuerzo y merienda escolar; y el contrato para obras en escuelas públicas del distrito con recursos provenientes del Fonacide.
El 30 de setiembre de 2014 el entonces intendente firmó un contrato de adjudicación, por la vía directa, con la empresa “Comercial Gastronómico San Miguel”, por un total de G. 651.035.000; y pagó como adelanto G. 195.311.500, para la provisión de 73.150 raciones de almuerzo y merienda escolar, en el plazo de 90 días.
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Mendoza Ramos adjudicó a dicha empresa, de forma directa, y pagó el adelanto pese a que Comercial Gastronómico San Miguel no tenía antecedentes como firma proveedora de alimento escolar, además de que la firma no declaró un domicilio fijo y se creó en el 2014, declarando un capital de solo G. 50 millones.
Además, en el juicio oral la agente del Ministerio Público señaló que el entonces intendente descalificó a la empresa que presentó la menor oferta y con todos los documentos correspondientes. “No fue un contrato transparente. El señor Mendoza Ramos no llamó a licitación por concurso, sino que hizo una adjudicación por la vía directa”, resaltó Pérez.
Afectó a niños de extrema pobreza, lamentó fiscala
La fiscaal María José Pérez explicó que la provisión del almuerzo escolar a niños y jóvenes estudiantes de San Antonio se vio afectado porque el entonces intendente Raúl Isaac Mendoza no rindió cuentas del uso del dinero del Fonacide y, en consecuencia, los desembolsos se fueron interrumpidos.
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Debido a esta situación los estudiantes dejaron de recibir el alimento escolar entre abril y noviembre de 2015. “San Antonio tiene un montón de asentamientos y me consta que incluso las madres de estos chicos iban a la escuela para almorzar. Estamos hablando de niños de extrema pobreza que dejaron que recibir el alimento por muchísimo tiempo”, expresó sollozando la agente del Ministerio Público.
Peréz resaltó en ese sentido que debido a la actuación dolosa de Raúl Isaac Mendoza, los niños estudiantes de San Antonio fueron también obligados a dar clases en aulas en mal estado, construidas con materiales sobrevaluados y de malísimas calidad, según constató la pericia obra forense y la pericia de auditoría contable de la fiscalía general.
Resaltó además que la empresa adjudicada para la provisión de merienda escolar “bien podría ser una empresa de maletín” porque no tenía domicilio fijo, tampoco contaba con la infraestructura necesaria para la producción y distribución del alimento escolar a las instituciones públicas de San Antonio.
Daño patrimonial por casi G. 962 millones
Además de las irregularidades en la provisión del almuerzo y merienda escolar, el Ministro Público demostró en el juicio oral que Mendoza Ramos adjudicó a la empresa “Concrex” para realizar obras en escuelas del distrito a su cargo.
El contrato con la empresa constructora fue por la suma de G. 523.992.900 y tuvo una adenda por G. 98.097.011, tlo que totalizo unos G. 622.089.911 que fueron pagados también con recursos del Fonacide.
Sin embargo, se detectó que la comuna pagó de más unos G. 310.944.420, atendiendo los materiales que fueron adquiridos y la pésima calidad de las obras realizadas en las instituciones públicas de San Antonio.
Al respecto la agente del Ministerio Público resaltó en sus alegatos finales que el dinero proveniente de la ley del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) “no es un fondo propio de los municipios sino que pertenece a la comunidad, a los niños estudiantes”.
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Sumado el monto que se pagó de más por las obras y el monto abonado para la provisión del alimento escolar, el Ministerio Público resaltó que los contratos irregulares firmados por Raúl Isaac Mendoza ocasionaron un daño patrimonial por G. 961.979.420 a la Municipalidad de San Antonio.
El juicio oral y público continuará mañana (jueves 13), a las 12:30, con la presentación de los alegatos finales del abogado defensor Meneleo Insfrán. Posteriormente el tribunal presidido por el juez Jesús Riera e integrado por Elsa García y Darío Báez pasará a deliberar para luego dictar su veredicto sobra la presente causa penal.