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En setiembre de 2022, el exgobernador de Central Hugo Javier González (ANR, cartista) y otras 49 personas fueron imputadas por un nuevo supuesto hecho de corrupción. El Ministerio Público sospecha que existe un supuesto daño patrimonial de G. 18.300.000, fondo que la institución departamental transfirió desde el 2019 al 2021 a diferentes ONG.
Facturó por más de G. 200 millones
Recientemente se dio inicio a las audiencias preliminares de los procesados. El fiscal de la causa, Silvio Corbeta, solicitó suspensión condicional del procedimiento por un año a favor de la imputada Lorena María Vera Rojas, proveedora e investigada por presunta lesión de confianza.
La defensa de la mujer, además, propuso que su cliente realice una donación de la irrisoria suma de G. 15 millones a una institución de beneficencia en concepto de reparación del daño causado. La Fiscalía no cuestionó el planteamiento, a pesar de que Vera Rojas emitió, supuestamente, facturas por más de G. 200 millones sin prestar servicio alguno.
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Pero, el juez José Agustín Delmás dio trámite de oposición a lo solicitado por el fiscal Corbeta y remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado para que el caso sea resuelto en los siguientes diez días. Delmás cuestiona que el Ministerio Público concuerde con el pedido de la defensa.
El magistrado sostiene que existen elementos que constituyen una lesión de confianza cometida por Lorena María Vera y que, según el acta de imputación, la misma “prestó su colaboración a la estructura delictiva (…) emitiendo y proporcionando nueve facturas, cuyo monto asciende a la suma total de G. 231.131.000, que contendrían ideas que no se corresponderían con la realidad”.
Las facturas fueron emitidas para las organizaciones sin fines de lucro Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), el Consejo Regional de Salud y la fundación Asociación Plantemos Consciencia.
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“Es decir, los bienes y/o servicios consignados en las facturas emitidas no fueron prestados por la imputada y fueron utilizadas como respaldo documental de las rendiciones de cuentas por los desembolsos efectuados por parte de la Gobernación. Por lo que es criterio de esta Magistratura, siguiendo siempre el lineamiento que faculta a los Jueces de Garantías, imprimir el Trámite de oposición a los efectos que se realice a través de la Fiscalía General del Estado el control vertical de las actuaciones del inferior, que es una característica funcional del Poder Judicial, a los efectos de corroborar la investigación realizada en la presente causa”, expresa el juez Delmás.
Intentamos hablar con el fiscal de la causa, Silvio Corbeta, pero no atendió nuestras llamadas a su celular.
El desembolso de G. 18.300 millones tenía como objeto el financiamiento de gastos administrativos y misionales de proyectos que fueron presentados en la Gobernación. No obstante, los recursos desembolsados no fueron ejecutados en los planes formulados. Los hechos investigados son lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, apropiación y asociación criminal.