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El Tribunal de Apelación Penal 3ª de la Capital confirmó el Auto Interlocutorio N° 387 del 12 de mayo de 2023, dictado por la jueza de Garantías Diana Carvallo, quien admitió la acusación presentada por la fiscala adjunta de Delitos Económicos Soledad Machuca y convocó para el 13, 14, 17 y 18 de julio próximo la audiencia preliminar para los acusados por presunta lesión de confianza en la compra de los “tapabocas de oro”.
Los acusados en esta causa penal son: el extitular de la Dinac Édgar Alberto Melgarejo Ginard, en calidad de autor; Juan Carlos Turitich Báez, Marcelo Rubén Ovelar González, Luz María Chamorro Báez, Fernando José Gallardo de Brix, Katherine Pamela Toñánez Vera y Juan Carlos Vargas Franco, sindicados como cómplices del hecho punible.
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En la primera audiencia preliminar, que finalizó el pasado 11 de abril, el entonces fiscal de la causa, Juan Ledesma, ratificó la acusación y pidió que el caso se eleve a juicio, pero luego se allanó a la suspensión condicional del procedimiento, alegando la “voluntad de reparación” demostrada por los procesados. La jueza Diana Carvallo imprimió trámite de oposición y remitió el expediente a la fiscalía adjunta.
Por Dictamen N° 836 del 28 de abril de 2023, la fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción Soledad Machuca Vidal acusó por lesión de confianza al extitular de la Dinac Édgar Melgarejo Ginard y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Apelaron acusación por caso “tapabocas de oro”
Mediante el A.I N° 387, la jueza Diana Carvallo ratificó su providencia del 4 de mayo de 2023, que dio por admitida la acusación fiscal, ordenó que se agregue por cuerda separada la carpeta de investigación fiscal y se ponga a disposición de las partes las actuaciones; además, emplazó al Ministerio Público a que remita en el plazo de 72 horas aquellas pruebas que tenga en su poder ante la Secretaría del Juzgado con el fin de que las partes puedan examinarlas y fijó fecha para la audiencia preliminar.
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Las defensas de los acusados Fernando Gallardo de Brix y Marcelo Rubén Ovelar plantearon recursos de apelación contra la resolución de la magistrada, alegando que la presentación del dictamen de la fiscala adjunta de Delitos Económicos fue extemporánea.
Alegaron además que el juzgado de Garantías no debió intimar al Ministerio Público para que en el plazo de 72 horas presente todas las pruebas que obran en su poder para que las partes puedan examinarlas y posteriormente hacer uso de las herramientas procesales que le ley les confiere, puesto que las mismas no deben ser admitidas también por su extemporaneidad y por su ilegalidad.
El tribunal de alzada concluyó que la acusación fue presentada por la fiscalía adjunta dentro del plazo establecido por ley y que toda discusión en cuanto a la admisión o procedencia de las pruebas debe darse en la audiencia preliminar, y que cualquier exclusión de la misma debe obedecer a graves violaciones de derechos y garantías inobservados o que las pruebas tengan un origen ilegal.
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Acusación de Fiscalía por “tapabocas de oro”
En su acusación, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción sostiene que el material probatorio recabado en el transcurso de la investigación es suficiente para contar con la certeza positiva sobre la participación de Édgar Alberto Melgarejo Ginard en la comisión del hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autor, y de los demás procesados en grado de complicidad.
Agrega que durante el análisis de las muestras se corroboró que las mascarillas protectoras que adquirió Melgarejo Ginard son muy diferentes a las que cuentan con certificados de aprobación, según documentación presentada por la firma proveedora con su oferta.
El Ministerio Público refiere también que la empresa Proyectos Global SA, al momento de presentar su oferta en el llamado de referencia, habría tenido conocimiento de la situación anteriormente descrita, ya que la empresa, con su oferta, presentó un certificado de aprobación de calidad de la mascarilla CG421V; sin embargo, entregaron 4.000 mascarillas modelo CG301 salidas del mercado desde diciembre de 2017 por falta de aprobación de las autoridades de país de origen.
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El Ministerio Público habla de un perjuicio patrimonial de G. 119.960.000 con la compra sobrefacturada de tapabocas de la firma Proyectos Global SA, de Katherine Pamela Toñánez y Carlos Franco Vargas, quienes también fueron procesados y tienen pedido de juicio oral.