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El plazo de estudio y pronunciamiento respecto del proyecto está suspendido hasta que esta mesa de trabajo especial conformada a pedido de la Junta termine su tarea, aseguró el presidente de la corporación. En este sentido, ya en mayo pasado el intendente municipal Luis Yd (Alianza) había pedido la suspensión del plazo de tratamiento, y solicitado una reunión entre el Ejecutivo con sus técnicos y los concejales a efectos de exponer sobre los argumentos para solicitar la concesión del servicio a una empresa privada.
Ese proyecto de licitación está siendo analizado punto por punto, “hay una serie de modificaciones que se deben introducir, como por ejemplo el plazo de mora en el pago, que en el proyecto habla de dos meses, y creo que debe ser de 12 meses; la tasa de interés por mora, el pago que se pretende exigir a los vecinos de Ita Paso o San Isidro, por ejemplo, son puntos que deben ser modificados”, afirmó.
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En cuanto al personal municipal actualmente afectado al servicio de recolección y limpieza, el destino que se les dará, es un aspecto que debe ser considerado puntualmente, al igual que los trabajadores del vertedero (gancheros). “En el caso de los gancheros que trabajan en la clasificación y venta de materiales, ya estoy trabajando con ellos en la conformación de una asociación, con personería jurídica, que trabaje orgánicamente y sea el referente ante las empresas o el mismo municipio”, apuntó.
El rechazo por el rechazo no es la solución
Para el presidente del cuerpo legislativo, el simple rechazo del proyecto de licitación, así como exigen algunos grupos, no es la solución. “La Junta tiene una mayoría simple que puede rechazar el proyecto directamente, pero si el Ejecutivo veta ese rechazo, que tiene la potestad para hacerlo, no tendremos la cantidad de votos necesarios para ratificar el rechazo, entonces ocurriría lo peor: que el proyecto se apruebe sin modificaciones”, advirtió.
Ortega cuestionó a quienes pretenden hacerse de cartel político con este tema, realizando manifestaciones y pretendiendo manipular a la gente mintiendo o empleando medias verdades. “Para empezar, el proyecto no habla de tercerizar el servicio, sino de concesionar, que es una figura distinta”, señaló.
El concejal Ortega, junto con los concejales Juan Lichi y Diego Aquino, ambos de la ANR, fueron objeto de escraches la semana pasada por parte de un grupo de vecinos que se opone a la tercerización del servicio. “No estoy en contra de las manifestaciones, al contrario, creo que la gente tiene que hacer uso de ese derecho, pero lo que me parece cuestionable es que haya personas que para hacerse de cartel político engañe y manipule a la gente con verdades a medias o directamente mentiras”, señaló.
Agregó que el proyecto no habla de “privatizar” el servicio, sino de “concesionar”, que son figuras bien distintas. Con la concesión el municipio no pierde el dominio ni el control del servicio, tampoco es cierto que con ello se desentiende del tema y deja en manos privadas. La Municipalidad mantiene el control, y asume más un papel de controlador de un servicio que será prestado por una empresa en particular.
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Vertedero, una bomba de tiempo
Para el concejal Ortega, el vertedero es una bomba de tiempo ambiental que debe ser desactivada, y en las actuales condiciones, el municipio no tiene la capacidad de resolverlo. “Este es un problema que nos atañe a todos, somos gobierno municipal, la Junta es responsable solidaria con el Ejecutivo. De acuerdo al informe que nos proporcionó el intendente, para eficientizar el servicio, lo que implicaría renovar y poner en condiciones la flota de camiones más las tareas en el sitio de disposición final de residuos, se requeriría una inversión de unos G. 3.000 millones”, afirmó.
Agregó que la opción que da el Ejecutivo es que se le autorice a adquirir un préstamo de al menos G. 3.000 millones. Esto implicaría cargar nuevamente a la ciudadanía con una pesada deuda. Una pesada herencia que no queremos dejar a la ciudad.
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Respecto de que el proyecto de licitación estaría orientado hacia alguna empresa en particular, Ortega sostuvo que desconoce que haya alguna intención en tal sentido. “Lo concreto es que la empresa que tenga interés en brindar el servicio deberá tener la solvencia necesaria para cumplir el compromiso”, afirmó.