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El abogado Oscar Germán Latorre Cañete, en nombre y representación de sus clientes el vicepresidente de la República Hugo Velázquez Moreno y de Juan Carlos Duarte Martínez, solicitó el miércoles 7 de junio de 2023, que el Ministerio Público desestime la denuncia que dio origen a la investigación penal contra los mismos, por el supuesto delito de soborno que habrían perpetrado y que fuera hecho público por el Gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajada en nuestro país.
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El pedido de desestimación de la denuncia fue realizada ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) a cargo del fiscal Francisco Cabrera.
En agosto de 2022, justamente luego de dar a conocer la noticia a los medios de prensa, el gobierno norteamericano a través de su embajador en nuestro país, Marc Ostfield, declaró “significativamente corruptos” a Velázquez Moreno y a Duarte Martínez.
Velázquez Moreno tras el escándalo de la declaración de significativamente corrupto, anunció la posibilidad de renunciar a la Vicepresidencia de la República, sin embargo, aguantó el vendaval y no dimitió del cargo.
Por su parte, Duarte Martínez, tras la acusación de corrupción, el 16 de agosto de 2022 fue sustituido de su cargo de director jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá y en su reemplazo asumió el abogado Carlos Huespe.
Alegan denuncia imprecisa
El escrito de pedido de desestimación de la denuncia hace referencia que “nos encontramos en una investigación fiscal que por su indisimulable vaguedad de los supuestos hechos de soborno que se atribuyen a mis defendidos, la investigación se encuentra absolutamente imposibilitada de llegar a reunir los presupuestos mencionados en la acordada de la Corte Suprema de Justicia (descripción de hechos punibles atribuidos), situación que aparece insuperable atendiendo el contenido absolutamente limitativo de la asistencia jurídica que fuera brindada por el Departamento de Justicia a requerimiento de los agentes fiscales intervinientes en la presente causa”, refiere el defensor.
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Latorre también agrega: que el escrito de pedido de desestimación de la investigación penal, también hace mención al principio de objetividad que rige la actuación del Ministerio Público, según lo dispuesto en el artículo 54 del Código Procesal Penal (CPP). De igual manera, se menciona que los investigados gozan de la presunción de inocencia (Art 4° CPP) y, a pesar de ello han sido “sometidos al escarnio público” a partir de las conferencias de prensa que no han aportada una relación precisa y circunstanciada de los graves hechos que se les atribuyeron y mucho menos algún elemento o evidencia que respalde esas “temerarias y fantasiosas declaraciones”, afirma.
Culpan de la denuncia al Gobierno Nacional
El abogado Latorre también cuestiona que todo se trata de una hipótesis fáctica absolutamente fantasiosa y falsa que se sustenta en informes proveídos desde las esferas del mismo Gobierno Nacional, es incontrovertible que existe un obstáculo legal para avanzar en esta investigación atendiendo que los supuestos detalles del caso y las evidencias que tornan “creíble” la información proveída al Departamento de Estado, supuestamente se encuentran a disposición de un gobierno extranjero el que se niega a proveerla, o a estas alturas se ha percatado de que la información que le ha sido proveída es a todas luces mendaz, inconsistente, imprecisa y carente de toda evidencia respaldatoria que pueda ser compartida a través del mecanismo de asistencia jurídica internacional.
No es posible convocar al embajador americano a prestar declaración testifical ni obtener su comparecencia a través de la fuerza pública como tampoco resulta posible exigir y obtener del Gobierno de los Estados Unidos los informes y evidencias que, repito una vez más, parece que han sido evaluados sin mayor rigor y sin ocuparse de esos informes “creíbles” cuenten con alguna evidencia que le sirva de sustento, según argumenta el defensor.
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Antecedentes de la investigación
La investigación penal fue abierta a través de la Resolución FGE 3194 de 12 de agosto de 2022, del análisis técnico-jurídico realizado por la Dirección de Delitos Económicos a pedido de la Fiscalía General, con relación a la información surgida a partir de la conferencia de prensa brindada a los medios periodísticos el día 12 de agosto de 2022, por la Embajada de los Estados Unidos de América, sobre hechos de presunta corrupción que pudieran resultar de relevancia en el ámbito penal.
Los hechos denunciados
El 12 de agosto de 2022 el embajador de los Estados Unidos Marc Ostfield convocó a una conferencia de prensa en la cual manifestó: “El día de hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken anunció la designación del vicepresidente Hugo Velázquez Moreno debido a su participación en actos de corrupción significativo incluido el ofrecimiento de soborno a un funcionario público y en la injerencia en los procesos públicos el anuncio del secretario también incluyó la designación de Juan Carlos “Charly” Duarte Martínez por su participación en los mismos hechos”.
El soborno
Agregó el embajador: “El Secretario de Estado está haciendo esta designación ahora porque ha recibido información creíble de la participación de Velázquez y Duarte en corrupción significativa. A pedido del vicepresidente Hugo Velázquez, Duarte su cercano colaborador personal y profesional, ofreció un soborno de más de un millón de dólares americanos a un oficial público, un acto consistente con un padrón aparentemente de actividad corrupta compartida. Esto se hizo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros. Los actos corruptos de Velázquez y Duarte socaban la confianza del pueblo paraguayo en la estabilidad de las instituciones democráticas del Paraguay”.
Investigación formal del Ministerio Público
El fiscal general del Estado Emiliano Ramón Rolón Fernández dispuso, por Resolución F.G.E. N° 1.710 con fecha del 23 de marzo de 2023, la apertura de una investigación penal contra Horacio Cartes Jara, Hugo Velázquez Moreno y Juan Carlos “Charly” Duarte, exasesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá, en base a los datos brindados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de su embajada en Paraguay.
La resolución designó como encargado de la pesquisa al equipo de fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, integrado por Francisco Cabrera, Diego Arzamendia, Alma Belinda Zayas, Jorge Arce Rolandi y también el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en Lucha Contra el Narcotráfico.
Nueve paraguayos declarados por EE.UU como “significativamente corruptos”
- Oscar González Daher (fallecido), declarado el 10/12/2019
- Francisco Javier Díaz Verón, declarado el 10/12/2019
- Ulises Quintana, declarado el 6/04/2021
- Horacio Cartes Jara, declarado el 22/07/2022
- Hugo Velázquez Moreno, declarado el 12/08/2022
- Juan Carlos Duarte, declarado el 12/08/2022
- Edgar A. Melgarejo Ginard, declarado 23/03/2023
- Jorge Bogarín Alfonso, declarado el 23/03/2023
- Vicente Andrés Ferreira Rodríguez, declarado el 23/03/2023