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Gerardo Giménez, de la Federación de Trabajadores de Transporte, se refirió hoy a la precaria situación laboral de muchos choferes del sector de transporte público, que trabajan sin contrato, cobrando por redondo y sin IPS.
Señaló además que la mayoría de los trabajadores de este rubro no reciben ninguno de los beneficios laborales a los que tienen derecho por el Código Laboral.
Con respecto al papel del Ministerio del Trabajo, Giménez señaló que junto con el Viceministerio del Transporte deberían estar trabajando de oficio para hacer respetar los derechos de los trabajadores, cosa que no sucede.
”Hoy en día estamos trabajando por un plato de comida”, aseguró.
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Todas las empresas incumplen la ley
Giménez se animó a afirmar que el 100% de las empresas trabajan hoy en día por redondo, sin cumplir con el salario mínimo vigente para los trabajadores del sector. “Yo te digo que el 100% de las empresas están trabajando por redondo, incumplen la ley, entonces no deberían estar obteniendo subsidios”, denunció.
“Lo mismo pasa con Tributación”, aseguró en referencia a la evasión impositiva de estas empresas, cuestionando que sigan recibiendo subsidio en estas condiciones.
Empresa que tomó Línea 21 desvinculó a trabajadores
Como ejemplo, Giménez citó la situación en que se encuentran choferes que trabajaban en la Línea 21 y que luego de que esta haya sido absorbida por una nueva empresa fueron desvinculados. “La ley establece que correspondía absorber al cien por ciento de los trabajadores, lo que ellos no cumplen. Apenas al cuarenta por ciento cumplieron”, denunció.
“Dos o tres meses después, algunos compañeros nuevamente fueron despedidos por supuesto vencimiento del contrato laboral”, aseguró, reclamando que ellos no firmaron ningún contrato con la nueva empresa, sino que fueron absorbidos con la antigüedad y con todos sus derechos laborales.
“Acá hay compañeros con más de 28 años de antigüedad, inclusive hay compañeros a los que les falta dos o tres años para su jubilación y que ahora están en la calle”, denunció.
Pidió al Ministerio del Trabajo que abra un sumario ante esta situación y que, una vez demostrada la irregularidad, se les cancele la concesión a las empresas que no cumplen la ley.
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