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En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se expresó en referencia a la “megalicitación” para lavado y planchado aprobada por el Consejo Directivo del Instituto de Previsión Social (IPS).
Ayer, el Consejo de Administración del IPS aprobó el pliego de bases y condiciones de la licitación para el servicio integral de lavado y planchado de ropas hospitalarias a nivel nacional, que estipula un contrato de 10 años por un monto global de 485.885 millones de guaraníes (alrededor de 67 millones de dólares).
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La licitación fue cuestionada por la celeridad en que el proceso se llevó a cabo, habiendo ocurrido en solo 20 días, y por el hecho de que la previsional cuenta con su propio servicio interno de lavado y planchado.
Seitz explicó que -si bien el IPS tiene autarquía económica independiente del Ministerio de Hacienda- sus licitaciones están sujetas a investigación por parte de Contrataciones Públicas, que tiene la atribución de anularlas o aprobarlas.
Indicó que la Dirección de Contrataciones aún no recibió una comunicación formal del IPS sobre la aprobación del pliego de bases, y que el IPS debe remitir toda la documentación pertinente a la licitación para que el órgano de control a su cargo pueda realizar un análisis.
Contrataciones Públicas y las llamativas licitaciones en San Antonio
Seitz también se pronunció sobre publicaciones periodísticas en torno al inusualmente alto número de licitaciones aprobadas recientemente por el intendente de la ciudad de San Antonio, Santiago Aguilera (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), por medio de contrataciones directas desde 2022, contratos que suman una cifra de más de 4.000 millones de guaraníes.
El director de Contrataciones comentó que ya hay una investigación en marcha sobre la situación en San Antonio, para verificar que cada licitación esté respaldada por un debido proceso de contratación.
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Explicó que en la práctica las municipalidades tienen la capacidad de dar contratos “literalmente directos”, sin pasar por un proceso licitatorio por medio de Contrataciones Públicas, a pesar de que eso no está avalado jurídicamente, detectándose casos así solo “a posteriori”.
Eso se debe, indicó, a la “desconexión social de los presupuestos municipales y el sistema integrado de administración financiera” que permite a Contrataciones Públicas controlar y bloquear pagos a proveedores en caso de situaciones sospechosas.
“Pueden tomar dinero de su propio presupuesto y pagar sin que Hacienda les apruebe”, señaló, calificando ese hecho como “un riesgo gigantesco para la transparencia”.
Licitaciones en la transición presidencial
En otro punto, Seitz comentó que un análisis de Contrataciones Públicas sobre los procesos licitatorios emprendidos por los últimos tres gobiernos –incluyendo el actual– en sus respectivos procesos de transición de mando revela que las cifras invertidas en esos periodos es similar, y que el número de licitaciones es menor en el periodo actual que en los anteriores.
Según los datos que expuso, se convocó a licitaciones por alrededor de 850 millones de dólares en 2013, durante la transición del gobierno del presidente Federico Franco al de Horacio Cartes, y se observan cifras similares, de alrededor de 650 millones de dólares, en la transición del gobierno de Cartes al de Mario Abdo Benítez y en el proceso actual de traspaso de Abdo al presidente electo Santiago Peña.
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Recientemente, representantes del presidente electo Peña pidieron al Poder Ejecutivo parar las licitaciones plurianuales hasta la asunción del nuevo gobierno, lo que provocó un enfrentamiento verbal entre ambas partes.