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Los procesados Adalberto Benítez, exfiscalizador de obras de la Gobernación y Miguel Ángel Robles, exasesor del exgobernador de Central, Hugo Javier González (acusado), chicanearon y lograron dilatar la audiencia preliminar fijada para la fecha, ante el juez especializado Humberto Otazú.
La defensa de Benítez, alegó que la audiencia le coincidió con un juicio y que por esta razón su cliente no podrá asistir al Juzgado. Es la segunda vez que utiliza la misma excusa.
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Por su parte, la defensa de Miguel Robles, presentó un certificado de reposo y la audiencia se suspendió. El acusado enfrenta cargos por declaración falsa, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Robles, es conocido como “maletinero” por sus antecedentes que datan del año 2008 cuando se desempeñaba como funcionario de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).
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Robles, sería “el cerebro” de un esquema delictivo.
Miguel Ángel Robles Ibarra fue imputado por soborno agravado luego de ser denunciado por el propio presidente de la institución de aquel entonces, Albino González, por participar de una rosca de recaudación paralela en “maletines para la corona” o los “jefes de turno”. Terminó absuelto en 2018 debido a la prescripción de la causa.
Según los fiscales especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción que investigan el caso, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, el exasesor Robles, sería “el cerebro” de un esquema delictivo.
Dicho esquema, siempre según los fiscales, fue creado en la institución departamental con la complicidad del mismo Hugo Javier, de funcionarios de la Gobernación, miembros de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), contratistas y proveedores de servicios.
En esta causa se investiga el destino de G. 5.105 millones del fondo covid-19 que el Ejecutivo desembolsó en diciembre de 2020 para la reactivación económica en el departamento Central durante la pandemia.
Sin embargo, de acuerdo a la investigación, el recurso no fue utilizado para los fines establecidos por ley y las rendiciones de cuentas fueron adulteradas con facturas clonadas, causando un millonario daño patrimonial durante los peores momentos del covid-19 en 2021.
Fueron imputadas 16 personas de las cuales, varias fueron beneficiadas con salidas procesales y resarcieron parte del daño causado.
En el caso del presidente de la ONG CIAP, Tadeo Álvarez, fundación que supuestamente recibió todo el dinero, fue condenado a un año con suspensión de la ejecución de la pena y se le impuso una multa de G. 100 millones.
Además, el mismo colaboró con la Fiscalía y ahora será testigo en el juicio contra Hugo Javier.