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En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Teresa Rojas, ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), explicó que entre hoy y mañana debería determinarse con exactitud qué monto de los 47 millones de dólares comisados al exdirigente político y deportivo luqueño Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, condenados por usura y lavado de dinero, ya ha sido transferido al Tesoro paraguayo.
Se estima que hasta el momento, solo poco más de dos millones de dólares han sido transferidos. Al respecto, la ministra Rojas explicó que solicitó al Juzgado de Ejecución a cargo de la causa un informe, y que actualmente se están analizando los extractos de las transferencias realizadas.
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En febrero de este año, un Tribunal de Apelaciones confirmó el comiso de 47 millones de dólares de González Daher, rechazando un recurso de apelación presentado por el abogado del exdirigente luqueño.
Ese mismo mes, la Cámara de Apelaciones también rechazó un pedido de la esposa de González Daher, Delcia Karjallo, de levantar el 50 por ciento del embargo sobre los bienes de su esposo.
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El Juzgado de Ejecución también informó a la Senabico que se decretaron medidas de prohibición de innovar sobre 54 inmuebles a nombre de González Daher y 87 a nombre de González Karjallo, ordenándose también la inscripción de esos inmuebles a nombre de la Senabico para su posterior subasta.
Problemas para monetizar bienes incautados
En otro punto, la ministra Rojas expuso las dificultades que enfrenta la Senabico en la administración y monetización de los bienes incautados a su cargo, en particular la dificultad en lograr que la Justicia autorice la venta anticipada de esos bienes.
“Ingresan muchísimos bienes incautados, pero no los podemos monetizar”, lamentó.
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Señaló que mientras se alargan los procesos judiciales –que en casos de alto perfil vinculados a lavado de dinero o narcotráfico pueden extenderse por varios años– los bienes permanecen en depósitos perdiendo valor, degradándose y expuestos a daños o robos.
Como ejemplo señaló que el mantenimiento de un automóvil incautado puede llegar a suponer un gasto de hasta seis millones de guaraníes por año.
“Conservar bienes tanto tiempo es una carga demasiado pesada y una pérdida para el Estado”, concluyó.