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La denuncia presentada contra el exministro de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco ante la Superintendencia de Justicia de la máxima instancia judicial tiene relación con una nota presentada por el mismo a los magistrados Gustavo Ocampos González y Andrea Vera Aldana, a través de la cual les emplaza a acceder a un acuerdo económico.
Blanco, cuyo hijo Rodrigo Blanco Amarilla es el actual presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado, presenta la nota en representación de su cliente Cristian Ramírez Corvalán, condenado a 4 años de cárcel por violencia familiar y lesión grave en dos instancias.
“En la nota a que se hace referencia en los párrafos que preceden, se emplaza a estas magistraturas hasta el 30 de mayo, para que se constituyan en la oficina del profesional en mención en la dirección consignada en la misma en horario de oficina, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales, de lo que se deduce que conductas como la expuesta constituyen en alguna manera una suerte de extorsión a los efectos de una supuesta reparación en lo económico”, precisa el escrito radicado ante la Superintendencia de Justicia.
Asimismo, los magistrados destacan que llama poderosamente la atención la pretensión del letrado, pues carece de sustento legal debido a que las consecuencias del actuar de su cliente y la sanción establecida han sido resultado de un proceso penal y esta circunstancia no condice con las situaciones que podrían eventualmente ameritar una indemnización, de acuerdo con lo previsto en el Código Procesal Penal.
Fallo condenatorio está en estudio en la sala penal
Actualmente, el caso de Ramírez es objeto de estudio en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, con motivo de un recurso de casación planteado por la defensa contra la sentencia N° 179 del 29 de marzo del 2022 y el acuerdo y sentencia N° 45, del 9 de agosto del mismo año, a través de la cual la Cámara de Apelación ratificó la condena.
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El fallo de primera instancia fue dictado por el Tribunal de Sentencia presidido por Juan Pablo Mendoza e integrado por Laura Ocampos y Fabián Weisensee y el de segunda instancia, por los camaristas denunciantes y Gustavo Santander, actual ministro de la Corte Suprema.
Según fuentes judiciales, los magistrados de primera instancia han sido igualmente emplazados por el exministro Blanco para proponer una eventual reparación económica al condenado.
Camaristas advierten precendente “perniciosísimo”
“Conductas como la desarrollada por el profesional de la matrícula, además de tratarse de una persona que ha ejercido el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia por muchos años, deja un precedente perniciosísimo para la magistratura nacional, debido a que de darse andamiento pondrían en peligro y atentarían contra la libertad e independencia de los jueces como valores éticos y principios consagrados en la Constitución Nacional”, sostienen los Dres. Ocampos González y Vera Aldana en su denuncia.
“Otro punto que conviene resaltar en la conducta del profesional aludido es que llama la atención la pretensión del mismo de que magistrados se constituyan en su estudio jurídico a negociar supuestas reparaciones, circunstancias que violentarían con ello principios éticos que hacen a la integridad u honestidad, imparcialidad, la prudencia, el respeto y el decoro.