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Para hoy estaba prevista la realización de la audiencia preliminar al exgobernador del departamento de Guairá y senado colorado, Rodolfo Max Friedmann Alfaro, Marly Eliana Figueredo López, Silvio Alfaro, Lourdes González y Eduardo Domínguez, por presunto hecho de lavado de dinero en el caso conocido como “merienda escolar”.
Sin embargo, la esposa del exgobernador Friedmann presentó reposo médico por enfermedad y al mismo tiempo solicitó participar de la audiencia a través de medios telemáticos, lo que fue rechazado por el juez juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás.
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El magistrado resolvió la suspensión de la diligencia y fijó nueva fecha para el próximo 25 de mayo a partir de las 8:00, pues consideró de suma importancia la participación presencia de todos los procesados por el referido hecho punible.
La agente fiscala Victoria Acuña había solicitado, hace un año, el sobreseimiento provisional de los procesados y semanas atrás solicitó la reapertura de la causa al tiempo de solicitar el sobreseimiento definitivo de todos ellos. Esto durante el tiempo que estuvo a cargo de la Unidad N° 1 de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, pues fue reasignada a la Unidad Penal N° 2 y de denuncias por maltrato y actos de crueldad animal de San Antonio, en abril pasado.
Rodolfo Friedmann y Marly Figueredo: otros procesados en la causa
El Ministerio Público había presentado acusación en un principio a Friedmann, su esposa, Marly Figueredo; a Silvio Álvaro Alfaro Bertolo, primo del parlamentario; a Lourdes María Auxiliadora González de Melgarejo, contadora de la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA) y a Eduardo Domínguez, exfuncionario de la Gobernación del Guairá.
De acuerdo con la acusación fiscal Friedmann fue parte de un esquema delictivo mientras era gobernador de Guairá (2013-2018) y “autorizó y suscribió para su beneficio personal un contrato administrativo para el suministro de bienes con una empresa (ESSA SA) que, en ese caso, él mismo controlaba y dirigía”, según la fiscalía.
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Al inicio, la causa estuvo a cargo de los fiscales Osmar Legal y Luis Said, quienes fueron recusados tras presentar acusación. Luego asumió la fiscala Victoria Acuña, que al momento de la preliminar realizada en abril de 2022, en vez de ratificarse, decidió plantear el sobreseimiento provisional para todos los acusados, con el argumento de que existen diligencias pendientes de realización y que, a su criterio, son necesarias para cerrar la investigación.
La acusación era por la presunta comisión de administración en provecho propio, lavado de dinero, cohecho pasivo agravado y asociación criminal.