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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros César Diésel Junghanns, Víctor Ríos Ojeda y Gustavo Santander Dans rechazó la excepción de inconstitucionalidad promovida por el acusado Rafael Ramírez Doldán, quien afronta juicio oral junto al exministro de la máxima instancia judicial Miguel Óscar Bajac, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado (coima).
Los ministros del máximo tribunal concluyeron que la excepción planteada deviene improcedente a la luz de lo establecido en el artículo 538 del Código Procesal Civil, teniendo en cuenta que la garantía constitucional, que fue presentada en el juicio oral, “se opone de manera adicional y en caso de no prosperar el incidente de extinción de la acción penal planteado por la defensa del procesado Rafael Luis María Ramírez Doldán”, según lo que indica parte del fallo.
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Agregan que la excepción no fue promovida en contra de norma alguna que pueda considerarse atentatoria de normas o principios constitucionales; sino que se plantea de forma subsidiaria buscando equipararla a un recurso contra resoluciones judiciales, en caso de no prosperar el planteamiento de la extinción de la acción penal, por lo cual deviene absolutamente improcedente y constituiría una desnaturalización del fin preventivo de la excepción de inconstitucionalidad.
Con esta resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el Tribunal de Sentencia que integran los jueces Rossana Maldonado (presidenta), Juan Francisco Ortiz e Inés Galarza, tiene vía libre para dictar un veredicto del caso. El juicio oral proseguirá este viernes 19, a las 8:00.
Bajac pidió coima de US$ 50.000, según fiscalía
Según la acusación fiscal, entre diciembre de 2017 y julio de 2018, Miguel Bajac, entonces ministro de Corte, solicitó a Felipe Nery Páez y Liduvina Rodríguez Mendieta –esta última dueña de la firma Cal Agro SA– el pago de sumas de dinero que ascendían al 5% del monto del capital establecido en un juicio de la referida empresa contra la Industria Nacional del Cemento (INC), sobre una indemnización de daños y perjuicios por G. 3.700.000.000.
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Antes de que se emitiera el voto, Bajac exigió US$ 50.000, y en procedimiento encubierto del 5 de julio de 2018 cayó el facilitador Luis Ramírez con una coima de G. 50 millones. Tras esto, Bajac cambió su voto y lo emitió contra el empresario.
Según la acusación de los fiscales Victoria Acuña y Luis Piñánez, el entonces ministro Bajac se reunió en varias ocasiones, en su despacho, con el denunciante Felipe Nery Páez, a quien solicitó “formalizar el acuerdo con un abogado designado por él”.
Para el efecto, el ahora exministro designó a Juan Carlos Ávila, con quien los denunciantes firmaron un pacto de cuota litis para hacer pasar la coima como parte de honorarios profesionales, siempre según la hipótesis del Ministerio Público.
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