Con el rechazo de las recusaciones planteadas por el extitular del Ministerio Público Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, la Corte Suprema de Justicia destraba el proceso abierto por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, actualmente en etapa de juicio oral y público.

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Los integrantes de la sala penal de la máxima instancia judicial concluyeron que las recusaciones planteadas contra los ministros Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón, carecen de fundamento.

En este sentido, el camarista José Waldir Servín -quien integró la sala penal para este caso- sostuvo que luego del análisis del caso se observa que la recusación a Ramírez Candia se basó más bien en una disconformidad con hechos, que proviene del Ministro recusado, como resultado de actuaciones procesales provenientes de su función jurisdiccional.

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En estas condiciones, la recusación “deviene totalmente improcedente y fuera del contexto de la ley”, afirmó.

“También en cuanto a la recusación contra el Dr. Eugenio Jiménez Rolón, cabe señalar que se le ha recusado además por supuesta amistad con el Dr. Manuel Ramírez Candia, sin embargo dicha circunstancia no se halla prevista en el art. 50 del C.P.P., como motivo de recusación”, explicó Servín, al fundamentar el rechazo de la recusación contra Jiménez.

Chicanas en la causa a Javier Díaz Verón, a la Superintendencia de Justicia

Los ministros César Garay Zuccolillo y Alberto Martínez Simón también votaron por el rechazo de las recusaciones y además, por la remisión de los antecedentes del caso a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, en atención a las sucesivas chicanas promovidas por la defensa.

Garay destacó que no es atendible separar a magistrados únicamente por no estar de acuerdo con su postura, pues de lo contrario, bastaría resolución adversa para que el afectado aparte al juez que le incomoda.

Afirmó que se permitiera la situación referida “posibilitaría que se escoja al Juzgador que más le convenga y, con ello, se pervertiría socavándose perniciosa e irremediablemente el principio de juez natural, a extremos inconmensurables, corroyendo el estructurado andamiaje del Código de Forma, con afectaciones -insanables- de la Ley Fundamental en sus Artículos 16, segundo segmento y 17″.

“En atención a las numerosas, profusas, excesivas recusaciones -sin fundamentos- presentadas por los inculpados en ésta causa e in totum rechazadas por disímiles magistraturas e enstancias, en derecho a plenitud corresponde remisión de actuaciones al Consejo de Superintendencia, de la Excma. Corte Suprema de Justicia, para fines normativos pertinentes”, sostuvo Garay, tras sostener que las recusaciones planteadas deben ser rechazadas por “insuperablemente fútiles e inanes, jurídicamente”.

Acusación es por no poder justificar más de G. 10 mil millones

La acusación presentada por los fiscales Natalia Silva y Osmar Legal, el 13 de agosto de 2019, señala que el ex fiscal general del Estado y su esposa no pueden justificar nada menos que G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos que tuvieron entre los años 2008 y 2017.

Según la acusación, la inconsistencia empezó en el 2010, cuando Díaz Verón era fiscal adjunto.

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El Ministerio Público solicita el comiso especial de los bienes de ambos acusados, específicamente animales vacunos adquiridos por Díaz Verón por G. 125.875.002 y G. 115.206.850, vehículos Hyundai Santa Fe (2009) por el que pagó G. 134.765.848, Toyota Hilux (2014) cuyo costo fue de G. 197.363.500 y Honda HR-V (2016) valuado en G. 164.730.000.

Los fiscales anticorrupción requieren también el comiso de tres préstamos concedidos sin poder justificar por G. 44.425.536, G. 44.100.000 y G. 19.200.000 con intereses, un inmueble en Amambay así como los activos de las empresas de María Selva, CDA depositados en un banco por G. 110 millones y un auto valuado en G. 130 millones.

Recordemos que en el año 2019. Díaz Verón fue designado “significativamente corrupto” por los Estados Unidos, que prohibió a él y a su familia el ingreso a su territorio, de por vida. La veda alcanza a su esposa María Selva Morínigo y a sus hijos Yerutí, Manuel y Alejandro Díaz Morínigo y otro menor de edad.