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El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás admitió la imputación presentada por los fiscales Silvio Corbeta y Osmar Legal y procesó al exministro de la SEN Joaquín Daniel Roa Burgos, de 62 años, por supuesto cohecho pasivo agravado (coima) y lavado de dinero.
Por su parte, el empresario Alberto Koube Ayala (51) fue procesado por la presunta comisión de los hechos punibles de soborno agravado y lavado de dinero. Se trata del tercer proceso que afronta el representante legal de la firma “Grupo Tapiracuai S.A.”, teniendo en cuenta que es investigado en la causa “A Ultranza Py” y por presunto lavado de activos en otro caso.
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El magistrado convocó a Joaquín Roa y a Alberto Koube para el lunes 8 de mayo, a las 8 y 8:30, respectivamente, para la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que deberá analizar el pedido de prisión preventiva realizado por el Ministerio Público para el exministro de Emergencia Nacional.
Según la imputación fiscal, existen elementos que probarían que durante su paso por la función pública, Roa Burgos habría recibió de parte de Koube Ayala, con quien mantendría una relación de amistad, beneficios indebidos, a cambio de los cuales, el empresario habría sido adjudicado con licitaciones públicas.
Fiscalía habla de vínculos entre Joaquín Roa y Sebastián Marset
Según explicó el fiscal Silvio Corbeta, mientras Roa era ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional adjudicó contratos directos a Alberto Koube, que está investigado por sus vínculos con Sebastián Marset, buscado en el caso A Ultranza Paraguay. Las adjudicaciones fueron por valor de entre G. 15 mil millones y G. 16 mil millones.
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El agente del Ministerio Público agregó a ABC Cardinal que los contratos fueron con el Grupo Tapyracuai de Koube entre el 2018 y 2021. Se basaron en alquiler de camiones y provisión de chapas de metal. La sospecha es que hubo sobrefacturaciones en el caso de los alquileres, por lo que no se descarta una lesión de confianza.
Corbeta resaltó que, a cambio de la adjudicación, Roa habría recibido como dádiva por otorgar estas licitaciones un lujoso yate. “La embarcación no tiene firmas certificadas en el contrato de compra y venta. Habrían presentado un contrato simulado y eso es calificado como lavado de dinero”, señaló el agente fiscal.
La imputación sindica también a Roa en el lavado de dinero. Aseguran que desde el momento en el que el exministro recibió la embarcación Azimut AZ42, importada, que le habría regalado Koube, habría adoptado conductas de ocultación de este bien.
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Roa habría sobrefacturado contratos directos, según fiscalía
La imputación resalta que Joaquín Roa habría convocado a licitaciones públicas vía ley de emergencia nacional, lo que le permitía realizar contratos directos y manejar procesos licitatorios fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, para beneficiarse a sí mismo y a su amigo.
Estas contrataciones directas, continúa diciendo la imputación, habrían sido direccionadas siempre en beneficio de la misma persona y además habrían sido sobrefacturadas y, pese a que el entonces ministro estaba en conocimiento de ello, habría adjudicado a Koube Ayala y a las demás empresas vinculadas a este último, lo que representaría un perjuicio al patrimonio de la institución.
El acta de imputación describe las 11 operaciones con las empresas ligadas a Koube, la mayoría de ellas relacionadas al alquiler de camiones, y una por provisión de chapas de fibrocemento, adjudicada a Transporte de Materiales y Cargas para la Construcción, de Katherine Ayala. En total, las adjudicaciones irregulares sumarían más de 15.450 millones de guaraníes.
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El Ministerio Público cita también a otras empresas unipersonales vinculadas a Koube Ayala, quien sería el beneficiario final. Entre esas empresas se menciona a Sofimac, de Joaquín Nunes; Noemacol S.A., de Noelia Colmán; JPA Logística, de Juan Pablo Acosta, y Katherine Ayala.