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El Directorio del Grupo Banco Mundial aprobó un financiamiento de US$ 125.3 millones para el proyecto “Tejiendo Apoyos para la Excelencia Educativa (TAPE)” del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
El nuevo préstamo será la herencia del presidente colorado Mario Abdo Benítez al próximo gobierno, cuyos parlamentarios deberán aprobarlo o rechazarlo. Será para “mejorar los entornos del aprendizaje y fortalecer los marcos institucionales para promover la calidad educativa”, indica un comunicado del organismo internacional.
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El ministro de Educación, Nicolás Zárate, afirmó que representa “un gran paso para el gran salto que daremos en los próximos 10 años en educación”. Sin embargo, desde el sindicato docente OTEP-Auténtica cuestionaron tal empréstito.
“Eso es una nueva cadena para el pueblo paraguayo, es una nueva deuda”, enfatizó el presidente del gremio, Gabriel Espínola. El dirigente sindical se preguntó dónde están los más de US$ 2300 millones adicionales del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) recibidos en los últimos 10 años de los excedentes energéticos de Itaipú Binacional.
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Espínola reclamó políticas inclusivas y una inversión en educación que llegue al 7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Préstamo para educación: ¿cómo será utilizado el dinero?
La coordinadora general de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP) del MEC, Dalila Zarza, explicó que la iniciativa aprobada por el comité ejecutivo del Banco Mundial es de US$ 180 millones, de los cuales US$ 54,7 millones proviene del FEEI. Explicó que para recibir el dinero, el Congreso Nacional debe aprobarlo por ley para su ejecución.
“Esto suma uno más a la cartera de proyectos que el nuevo gobierno podría ejecutar”, remarcó. Zarza refirió que el 80% de los recursos serían para infraestructura educativa en 1.316 establecimientos escolares, 6 institutos de formación docente, conectividad y evaluación de desempeño de aprendizaje.
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Consultada sobre por qué nuevamente Paraguay recurre a un préstamo para la educación, Zarza expresó: “los recursos que tenemos asignados dentro del presupuesto público o dentro de otras fuentes, como lo es la Ley de Fonacide y FEEI, son insuficientes para los desafíos y déficit de infraestructura que tenemos”.