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Más de seis años atrás, el Centro Transformando Vidas que esta mañana fue intervenido por el Ministerio Público en Fernando de la Mora era escenario de una intervención similar, pero en la ciudad de Capiatá, donde operaba entonces.
Los años pasaron y, desafortunadamente, nada cambió, asegura la abogada Diana Vargas, quien en aquellos años era comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y denunció el funcionamiento irregular de este sitio.
“Este es un centro que operaba en Capiatá, sin ninguna habilitación de la Municipalidad ni del Ministerio de Salud, que tiene que ver con el servicio que brindan”, recordó la abogada, quien señaló también que constataron que “había una serie de intervenciones policiales ante lo que ellos denominaban fugas”, que en realidad eran personas que huían del lugar en el que se encontraban contra su voluntad.
“Realmente lo que yo vi en ese lugar nunca vi antes”, recuerda Vargas. “Eso era peor que una cárcel, era peor que el hospital psiquiátrico, había barrotes por todos lados. Cuando “se portaban mal, a pacientes sobremedicados les ponían esposas”, asegura, ”sin ningún enfoque médico terapéutico, sin ningún abordaje a la salud mental. Había guardias, o sea, el enfoque era asegurar que permanezcan allí”, recordó.
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“Aprovechaban las carencias del sistema de salud”
Vargas recordó que el lugar mezclaba todo con un enfoque pseudorreligioso del pecado, todo para mantener a los pacientes en el lugar. “El equipo médico psiquiátrico que acompañó, porque conformamos un equipo interdisciplinario, encontró en todos los casos una sobremedicación”, aseguró.
“Y ante esa situación, nosotros habíamos impulsado para que la superintendencia del Ministerio de Salud intervenga, sin éxito, con muchos meses de insistir, de reuniones pidiendo que intervengan el lugar, hasta que finalmente un día va la superintendencia”, recuerda, señalando que lastimosamente fue una decepción más.
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La abogada recuerda que esa delegación del Ministerio de Salud llegó al lugar a realizar una intervención a la que acusó de no tener ningún criterio. “Cuando uno hace ese tipo de intervención tiene que tener formación. Ellos hicieron una reunión colectiva donde les grabaron contando las cosas tremendas que pasaban allí”, relató.
“Cuando uno hace ese tipo de intervenciones y después se va, algo va a pasar. Cuando recibí en video de ese asesor jurídico mostrándome lo que encontraron y lo que hicieron, le pregunté si aun así se fueron del lugar sin hacer nada”, recuerda. “Al día siguiente recibimos la información de que uno de los internos que había aparecido en los videos se suicidó”, denuncia.
Vargas cuenta con estupor que “el joven estaba esposado y colgado de una viga; algo no cuadra con que un esposado haga eso”. Señala que entonces llegó el fiscal Blas Imas, a quien había solicitado en varias oportunidades que intervengan el lugar, y caratula el hecho como suicidio sin pedir una autopsia”, denuncia.
“Imaginate cómo todo el sistema opera. La responsable fue imputada solamente por algo así como omisión de auxilio. Y, por supuesto, como no investigó el fiscal, ella termina sobreseída y hoy está como si nada operando”, denunció.
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Aprovechan desesperación de familias
La abogada señaló también que los propietarios de este lugar se aprovechan de que “el sistema hace aguas y los familiares de personas, ya sean usuarios de drogas o adultos mayores con alguna patología mental, y familiares desesperados que lo que siempre buscan es dónde dejarles”.
“Y si tenés la plata, porque cobran y muchos millones, más de 5 millones por mes en aquella época”, señaló. “Yo les entiendo a los familiares desde la desesperación, a ellos no les juzgo, a las instituciones sí, porque el superintendente se lava las manos, esa es la instancia que tiene que controlar, y más con los antecedentes”, aseveró.
“Montan un lugar y reciben lo que sea sin ningún control, desde adultos mayores, jóvenes, los sobremedican y con eso les tienen ahí controlados”, contó, señalando que encontraron niñas mezcladas con adultos sin ningún parámetro.
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