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Para esta mañana estaba previsto el inicio del juicio oral y público al extitular del Indert Mario Alfredo Vega Mereles, acusado por presunta lesión de confianza, cohecho pasivo agravado (coima), cobro indebido de honorarios y asociación criminal. Sin embargo, la defensa de uno de los acusados recusó al Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Elsa García (presidenta), Claudia Criscioni y Yolanda Morel.
La recusación fue planteada por el abogado Mario Sosa, representante legal del acusado José Luis Clerch Almada, exjefe de Gabinete del Indert, debido a que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos le canceló la personería jurídica al otro abogado defensor, Alfredo Acosta, quien es ahijado de la presidenta del colegiado.
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Los demás acusados en la causa son el exdirector administrativo del ente Diego Arnildo de los Ríos, por los mismos hechos punibles que Vega Mereles, y Pedro Martín Benítez y Patricia Báez, representante y directiva de la Fundación Cerro Lambaré (Fucela), por presunto soborno agravado.
Esta es la segunda vez que se suspende el inicio del juicio oral. La primera vez fue por recusación en contra de los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Said y Jorge Arce. Hasta tanto no se resuelva la recusación no se podrá volver a convocar a los acusados.
Exdirector jurídico del Indert, condenado por coima de US$ 200.000
Esta causa se inició tras un allanamiento realizado por el fiscal Rodrigo Estigarribia al Indert el 19 de octubre de 2021. Su entonces titular, el abogado Mario Alfredo Vega Mereles, fue imputado junto con otros dos altos funcionarios y un exadministrador de la institución, y también dos directivos de la ONG Fucela, por presuntos pagos de sobornos y otros delitos, en dos causas investigadas: en una US$ 200.000 y en otra US$ 20.000.
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En un proceso paralelo, el juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás, condenó al exdirector de Asesoría Jurídica del Indert Aldo Eduardo León tras ser hallado culpable de cohecho pasivo en el caso de una denuncia por pedido de coima de US$ 200.000 para adjudicar tierras públicas en el Chaco.
En la audiencia preliminar, realizada el 8 de febrero de 2022, el fiscal Rodrigo Estigarribia se ratificó en su acusación y pedido de juicio oral y público para León, por cohecho pasivo, cuya expectativa de pena es de hasta 3 años de cárcel. A su turno, la defensa, a cargo de la abogada Sara Parquet de Ríos, ofreció así concluir la causa con una condena de multa a ser establecida por el juzgado.
Ante el planteamiento de León, el fiscal Estigarribia cambió de postura y planteó la aplicación de una condena de 2 años de pena privativa de libertad con suspensión a prueba de la condena para que no vaya a prisión. Sin embargo, el juez Delmás imprimió trámite de oposición, pero la fiscala adjunta Soledad Machuca ratificó la postura del agente a su cargo.
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Tras la decisión del Ministerio Público de allanarse a la propuesta de la defensa, el acusado León fue condenado tras admitir los hechos presentados por la Fiscalía, pero la ejecución de la pena fue suspendida y no irá a prisión.