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En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, afirmó que luego de que se determinara que hubo un incumplimiento del contrato original firmado por el Viceministerio de Transporte y un consorcio para la implementación de un sistema de monitoreo del billetaje electrónico, se amplió el análisis a los procesos de licitación posteriores sobre ese tema.
El pasado lunes, Seitz informó que culminó la primera tanda de verificaciones documentales del contrato firmado por el Ministerio de Obras Públicas y un consorcio de dos empresas a las que se adjudicó la implementación de un sistema de control del billetaje electrónico en buses de transporte público.
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Según Seitz, las verificaciones evidenciaron “importantes deficiencias en el cumplimiento del contrato en cuanto a la documentación” en los aspectos de la provisión de módulos informáticos, la construcción edilicia del centro de monitoreo y la entrega de equipos informáticos.
Billetaje electrónico: Contrataciones Públicas reitera que hubo “incumplimiento contractual”
Concretamente, se determinó que no existe documentación con respecto a la entrega de los tres grandes “paquetes” del contrato: la provisión de software, la entrega de equipos informáticos y las obras de construcción del centro de monitoreo.
“Documentalmente estamos frente a incumplimiento contractual”, insistió hoy Seitz.
El director de Contrataciones Públicas indicó que, ante esos incumplimientos, se resolvió ampliar el alcance del análisis para incluir también los procesos licitatorios posteriores iniciados por el Viceministerio de Transporte en torno al centro de monitoreo, a fin de determinar si estos corresponden a “nuevas prestaciones” o a las mismas que fueron incumplidas.
No descartó la posible suspensión de esas nuevas licitaciones.
En 2019, el Viceministerio de Transporte, por entonces dirigido por Pedro Britos, convocó a licitación pública para la instalación y puesta en marcha del centro de monitoreo, que fue adjudicada al consorcio Electronic Ticket Control, representado por Ángela Marien Ocampos, por US$ 3,9 millones.
Contrataciones comenzó a indagar el caso luego de que el Viceministerio de Transporte iniciara un segundo proceso de licitación que, según denuncias, se “solapaba” con el primer contrato, teóricamente volviendo a contratar un servicio ya contratado.