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“El cáncer del Paraguay es la corrupción y estamos dando herramientas a las autoridades para que puedan robar alegremente. Esto es una vergüenza, en un momento en que el país se está jugando la obtención del grado de inversión”, expresó el abogado Ezequiel Santagada respecto a la absolución del exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Dany Xavier Durand Espínola, del proceso por declaración falsa.
Agregó que “a nadie se le pone una pistola en la cabeza para ser funcionario público”, ya que esta es una decisión personal, pero que implica la presentación de una declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría de la República, donde se deben incluir todos los bienes que uno tenga, ni más ni menos.
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En ese sentido, Santagada dijo que los jueces Elio Ovelar (presidente del tribunal) y Darío Báez borraron de un plumazo el artículo 104 de la Constitución Nacional e hicieron prevalecer lo que establece el artículo 18 de la Carta Magna, teniendo en cuenta que fundamentaron que nadie está obligado a declarar en su contra.
Absolución de Durand debe ser revocada, afirma abogado
El director ejecutivo de IDEA calificó también como “muy poco serio” el fundamento del juez de sentencia Darío Báez, quien expresó que Durand declaró de más los bienes que tiene y que el delito hubiese sido si declaraba menos de lo que posee, ya que incurriría en ocultamiento de bienes.
Al respecto cuestionó que la intención de una persona, al declarar de más sus bienes, es justamente blanquear lo que va a robar durante su gestión en cargo público. “Al falsear los datos en la declaración jurada no se puede hablar de cualquier mentira o engaño, ya que es la mentira o engaño que puede llevar a esconder la corrupción en un cargo público”, puntualizó.
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En atención a estos argumentos, Santagada confía que la Cámara de Apelaciones revocará el “disparate” dictado por el Tribunal de Sentencia, en mayoría. Si esto no ocurre y la fiscalía recurre a la Corte Suprema de Justicia, afirmó que el estudio del recurso debe darse a nivel del pleno de la máxima instancia judicial, para sentar un precedente sobre el falseamiento de los datos en la declaración jurada de bienes.