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Por Auto Interlocutorio N° 162, en la fecha la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de reposición que planteó la defensa de Delia Patricia Samudio Torras, expresidenta de Petropar, en contra de la resolución del máximo tribunal que había declarado inadmisible una apelación general planteada por la acusada de lesión de confianza en al caso “agua tónica”.
Tras ser notificado de esta última decisión de la Corte Suprema de Justicia, a fines de marzo, el juez de Garantías Julián López había convocado por 7ª vez la audiencia preliminar de la causa para el jueves 13 de abril, a fin de resolver si Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo afrontarán juicio oral y público, como pide la fiscalía.
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Sin embargo, el abogado José Costa Perdomo trabó la diligencia con un recurso de reposición que planteó en contra de la decisión de los ministros María Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, miembros de la Sala Penal de la máxima instancia judicial.
Habría pagado cuenta personal con dinero de Petropar
Según la acusación fiscal, bajo la administración de Patricia Samudio, Petropar adquirió, por la vía de la excepción, de la firma proveedora Solumedic SA, 3.000 tapabocas KN95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos, por un total de G. 359.700.000.
Esta suma fue transferida a una cuenta de la empresa Racole SA para el pago parcial de una deuda de Costa Perdomo, esposo de la entonces funcionaria estatal, siempre según el relato de los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera en la acusación.
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Los directivos de la empresa Solumedic SA igualmente acusados por el caso Liz Adolfina Chamorro Ferreira y Víctor Ramón Cabañas Fernández devolvieron al Estado los G. 359.700.000, situación que la defensa pretende utilizar para argumentar la supuesta inexistencia de daño patrimonial.
Fiscalía se opone a “blanqueo” de Patricia Samudio y su esposo
Ante la posible estrategia de la defensa de Samudio de pedir la extinción de la causa y, por ende, el sobreseimiento definitivo de los acusados, alegando que el monto del perjuicio que sufrió el Estado ya fue devuelto en su totalidad por la empresa Solumedic SA, la fiscala Liliana Alcaraz indicó que la devolución del dinero se dio después de la apertura de la presente causa.
La agente del Ministerio Público remarcó que para la Fiscalía la causa se debe discutir en un juicio oral, aunque los directivos de la empresa Solumedic SA Liz Adolfina Chamorro Ferreira y Víctor Ramón Cabañas Fernández hayan devuelto al Estado los G. 359.700.000.
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Los acusados alegan que el supuesto perjuicio patrimonial causado con la supuesta compra irregular de agua tónica, que asciende a la suma de G. 359.700.000, ya fue reparado. En consecuencia, aseguran que ya no hay motivos para la persecución penal, por lo que plantearon una excepción por falta de acción.