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El abogado Luis Mariano Villasanti, por la defensa de la asistente fiscal Christi Magalí Ortega Domínguez, quien estaba a cargo de la agente fiscal de la Unidad Penal N° 1 de San Lorenzo Ana Elizabeth Girala López (imputada por cohecho pasivo agravado y asociación criminal), promovió el incidente de nulidad del acta de imputación que fue rechazado por el juez Delmás Aguiar por A.I. Nº 170 del 12 de abril de 2023.
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El proceso penal se inició por un supuesto pedido de coima de G. 25 millones por parte de la fiscala, funcionarios y abogados, para favorecer a un procesado por tentativa de homicidio doloso. La causa penal está caratulada “Griselda Beatriz Acha Alcaraz y otros s/ cohecho pasivo agravado (Ley N° 6379)”, N° 37/2023.
La defensa objetó supuesta deficiente imputación
El abogado Luis Mariano Villasanti promovió la nulidad del acta de imputación formulada por el agente fiscal Osmar David Legal Troche, por no reunir el mínimo requisito exigido en el art. 302 del Código Procesal Penal (CPP), para que una imputación sea admitida.
Agregó que la misma se halla contenida de vicios formales y sustanciales que la tornan nula de nulidad absoluta e insalvable. “La imputación al parecer se basó en dimes y diretes, más bien parecido a un chismerío que una investigación mínimamente seria. No existe un relato fáctico de hechos, menos aún subsunción de la conducta atribuida a mi defendida en los tipos penales imputados, mucho menos nexo causal ni perjuicio ocasionado”, refiere el escrito.
Cuestionó el defensor que el Ministerio Público le atribuyó a su defendida la comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y asociación criminal, sin indicar, cual es la conducta desplegada por su representada. También dijo que no se señala su participación en la asociación criminal, formada (presumimos porque tampoco lo indica) por la Agente Fiscal Ana Girala para el otorgamiento de salidas alternativas al proceso a favor de los imputados.
También objeta el defensor que el acta de imputación no describe de manera clara, precisa y circunstanciada el hecho realizado por Christi Magalí Ortega Domínguez, porque no existe una adecuada subsunción jurídica entre la descripción o relato de los hechos y la calificación jurídica presentada.
Fiscalía pidió el rechazo del incidente de nulidad
El fiscal Osmar David Legal al contestar el traslado del incidente de nulidad del acta de imputación, solicitó al juzgado el rechazo de la pretensión esgrimida por la defensa de la imputada asistente fiscal Christi Magalí Ortega Domínguez.
El fiscal Legal indica que la defensa técnica de Christi Magalí Ortega Domínguez, expresa agravios en relación actos procesales realizados por el juez penal Especializado contra Delitos Económicos Dr. José Delmás Aguiar, con posterioridad al 9 de marzo de 2.023.
Indica el fiscal: “En ese orden, es importante mencionar que la referida recusación fue planteada por la misma incidentista, es decir, por la imputada Christi Magalí Ortega Domínguez y a la fecha, fue resuelto por AI N° 40 del 17 de marzo de 2.023 que confirma la competencia del juez Delmás Aguiar”.
Respecto a los cuestionamientos formulados por la defensa técnica de Christi Magalí Ortega Domínguez, -dijo- se desprende que se hace alusión a actos procesales que fueron cumplidos por el juez penal de garantías respecto de aquellos que no podían admitirse demora alguna pues, se trataban de imposición de medidas cautelares de carácter personal, refirió el fiscal.
Argumento del juez para rechazar la nulidad
El juez Delmás Aguiar sostiene que a prima facie, el acta de imputación de fecha 1 de marzo de 2023, cumple con todos los requisitos formales exigidos por el Art. 302 del Código Procesal Penal.
En ese sentido, se identificó suficientemente a los imputados, se describió sucintamente los hechos que se les atribuye, a más de eso, como se observa en el acta de imputación, se han individualizado cada una de las conductas desplegadas por los imputados que habrían quebrantado las leyes penales, conforme se detalla en el acta de imputación atacada, como así también se ha brindado información detallada de los hechos imputados a cada uno de los procesados y el grado de participación de éstos.
Finalmente, el juez Delmás argumentó que no encuentra sustento al incidente de nulidad del acta de imputación puesto que no han existido derechos ni garantías procesales ni constitucionales lesionadas en perjuicio de la procesada, no ha existido violación al debido proceso ni al derecho a la defensa.
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Antecedentes de la imputación por coima
El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, imputó el 1 de marzo de 2023 a la fiscala de la Unidad Penal N° 1 de San Lorenzo, Ana Elizabeth Girala López (45), por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal, en calidad de autor.
En tanto que la imputación a la asistente fiscal Christi Magalí Ortega Domínguez es por cohecho pasivo agravado y asociación criminal en calidad de cómplice, mientras que a la secretaria fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz, es por el delito de asociación criminal, en calidad de cómplice.
Así también, son investigados los abogados Marcos Aurelio Velazco Mendoza, Liz Elena Martínez y Nélida Vicenta Alcaraz, por el hecho de soborno agravado en calidad de autores y asociación criminal en calidad de cómplices.
El fiscal Legal ordenó además la detención solo de la asistente fiscal Christi Magalí Ortega Domínguez, la secretaria fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz y el abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza, porque entonces la fiscala Ana Girala contaba con fueros, que le fueron despojados el martes 11 de abril por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Allanaron unidad fiscal de San Lorenzo
El pasado 16 de febrero, el fiscal Osmar Legal intervino la unidad de la fiscala Ana Girala ante la denuncia de que integrantes de la misma habrían solicitado el pago de G. 25.000.000 para beneficiar a un joven procesado, hijo de la persona que presentó la denuncia.
Ese allanamiento se realizó ante la sospecha de que la fiscala Ana Girala, según la imputación fiscal, tenía a su cargo una causa por tentativa de homicidio doloso, asociación criminal y producción de riesgos comunes, en la que habría acusado a dos participantes que esperaban por la realización de la audiencia preliminar que había sido fijada para el 20 de febrero pasado.
Presuntamente, el 7 de febrero de este año la fiscala Girala habría iniciado el pedido de sumas de dinero, entre G. 10 y G. 25 millones, a cambio de plantear salidas alternativas al juicio oral al momento de la realización de la audiencia preliminar, para los dos procesados.
Para ello, Girala se habría valido de su secretaria Griselda Acha que a su vez dio indicaciones a la abogada Liz Elena Martínez para contactar con el procesado, que en ese entonces estaba privado de libertad, siempre según la imputación.
Luego de esto, las abogadas Liz Martínez y Nélida Martínez se habrían puesto en contacto con el padre de uno de los procesados a fin de llegar a un acuerdo económico para “solucionar” la situación procesal de su hijo. En este sentido, Girala era informada de las tratativas por su secretaria Griselda Acha, que a su vez recibía información de Liz Martínez.
Para el 15 de febrero, la fiscala Ana Girala habría recibido el reporte de que había intención de “cerrar” el trato, pero para ello la abogada Liz Martínez debía saber qué salida se le daría al procesado en la audiencia preliminar. Ante esto, Girala se comprometió a solicitar un “procedimiento abreviado”.
Por otra parte, la asistente Christi Ortega, se presume que habría tenido conocimiento de las tratativas que hacía su compañera y en ese sentido, estuvo expectante de los resultados para obtener un beneficio económico.
En cuanto al abogado Marcos Velazco, entre setiembre de 2022 y febrero de 2023, habría intervenido en varias causas penales en la unidad de Ana Girala. Además, se habría valido de una relación personal con Griselda Acha para ganar la confianza de Girala, y así lograr algún beneficio.
Dentro de la investigación también se hallaron elementos sobre que el abogado Velazco habría otorgado y ofrecido beneficios a la fiscala Girala y a las funcionarias Christi Ortega y Griselda Acha, como sumas de dinero y objetos de alto valor.