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Concejales de la Junta Municipal de la ciudad de Itauguá rechazaron el balance que fue presentando por el intendente, Horacio Fernández (ANR), debido a una serie de irregularidades que fueron halladas en un estudio realizado por la Comisión de Hacienda del coorporativo. Como consecuencia, en sesión ordinaria los concejales además de rechazar el arqueo, decidieron pedir a la Contraloría General de República (CGR) la fiscalización de todo el movimiento de las finanzas de la Municipalidad.
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El rechazo del balance y pedido de fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) se decidió con el voto de seis concejales de la bancada liberal. En contrapartida de cinco concejales del partido colorado que votaron en contra del rechazo del balance, con la abstención de la concejal colorada, Florentina Zorrilla.
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El concejal Ángel Márquez (PLRA) denunció que el balance presenta una serie de irregularidades. “Nosotros tuvimos el balance 40 días en Comisión de Hacienda y tuvimos cuatro sesiones; en esas sesiones fuimos pidiendo informes. Del 100% de documentos que pedimos, solo mandaron un 20% del total. Eso quiere decir que no tienen cómo demostrar o no tienen cómo respaldar”, manifestó.
Los cuestionamientos
Entre los puntos que cuestionan los concejales liberales se encuentra el endeudamiento de G. 4.400 millones en concepto de pago a proveedores, en los que figuran pago a empresas adjudicadas para licitaciones, empresas adjudicadas por contrataciones directas, entre otros.
Otro punto que no fue transparentado con documentos es la deuda al Banco Continental de G. 1.000 millones, que fue solicitado para pagar salarios del año pasado y que fue aprobado en la Junta por los Concejales, de los cuáles solo se utilizó la suma de G. 300 millones, según documentos presentados.
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Hacen referencia, además al balance en pérdida de G. 1.800 millones que fue presentado. Además de obras que figuran como pagadas y abonadas, pero que en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) figuran como pendiente de pago.
Además de todo lo mencionado, reclamaron el uso de G. 1.450 millones que ingresó en concepto de fondos de inversión de los impuestos inmobiliarios abonados por los contribuyentes. Dicho monto que ingresó al municipio corresponde que por Ley sea invertido en obras, pero en la realidad, según la denuncia realizada por los concejales liberales no existen obras inauguradas.
Manifestaron que, el estudio en comisión solo puede realizarse durante 40 días, y que tenían la opción de aprobar o rechazar, y que en caso contrario corrían el riesgo de una sanción ficta, es decir la aprobación tácita del balance de Intendencia.
Coyuntura política delicada
El concejal Víctor Sánchez de la bancada colorada, dijo, que “lo sucedido se debe a que estamos en una coyuntura política muy delicada. Estamos ante las elecciones generales. Ellos tuvieron muchísimo tiempo para estudiar. Ellos alegan que no se presentaron todos los documentos, pero debían de haber pedido, además los asesores estuvieron explicando todas las dudas. La Municipalidad no es una entidad financiera para decir que estamos en pérdida. Además, el préstamo realizado fue para pagar las indemnizaciones de los liberales, que se pagó en forma”, declaró Sánchez.
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Dijo estar de acuerdo con la intervención de la CGR para que el proceso pueda quedar transparentado por una entidad externa a la comuna y resaltó que toda administración debería pasar por el mismo proceso dando a entender que los gobiernos de los liberales debían de haber sido fiscalizados por la CGR.