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Un matrimonio de conveniencia entre los “empresaurios” de transporte público y una vinculación política quedó destapado mediante el hartazgo de la ciudadanía por un transporte público deplorable. El abogado Dr. Jorge Rolón Luna, habló en ABC TV sobre el trabajo que realiza la población para desenmascarar las numerosas irregularidades en el transporte que ya eran evidentes.
Agregó que lo primero que detectaron fue que el Viceministerio de Transporte ocultaba una norma que había sido estaba vigente. “Una norma fue puesta, silenciosamente dejó de estar vigente tres meses después, en agosto del 2021, y fue sustituida por otra no publicada”, sostuvo. Esta nueva norma nunca compartida dice que al menos cuatro ómnibus deben operar por hora.
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Ciudadanos comienzan a detectar situaciones “muy raras”
Luna lamentó que si el Viceministerio de Transporte hacía su labor seriamente, se hubieran detectado todas estas irregularidades que actualmente la ciudadanía está detectando en minutos. Y cada vez que pasan las horas, señalan que comienzan a descubrir situaciones alarmantes.
“Estamos empezando a ver cosas muy raras. Hay un autobús que circula, da vueltas, aparentemente por un predio que se llama Ecomipa, del grupo Wasmosy. Realiza vueltas. Esto no es un invento”, manifestó.
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Habría un esquema de lavado de dinero detrás
Dijo además que se encontraron con algunas empresas que operan pero que no cobran el subsidio. “¿Pero por qué operan y no cobran el subsidio? Ahí la tesis del lavado de dinero emerge. Son cosas que hay que investigar”, subrayó.
Las numerosas irregularidades que se encuentran en el sistema del transporte público serían lavado de dinero, defraudación al Estado, simulación de ciertas cuestiones para generar pagos, incumplimiento de concesión, según refirió Luna.
“Esto es lo que se llama captura del Estado. Son fracciones de la burocracia que están capturadas por el interés privado y hacen funcionar la máquina de control en la medida de la necesidad”, lamentó el abogado.
Exviceministro estaría detrás de licitación
A todo eso, adhirió que el exviceministro de Transporte, Víctor Sánchez, tendría intereses en una licitación de un trayecto que en breve se va a hacer y en un software de control de la frecuencia de los buses. “No tenemos la capacidad de procesar todos los datos”, sostuvo.
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Señaló además que la fiscalía es una institución donde se privilegian impunidades de ciertos sujetos, de acuerdo a la vinculación política y económica. Piden que el nuevo fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, debe tomar las cartas y fomentar la investigación. “Nosotros somos ciudadanos y recepcionamos los datos. Es el Ministerio Público el que debe realizar las investigaciones y llegar hasta los responsables”, dijo.