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El 29 de septiembre de 2022, la Itaipú Binacional dio a conocer el inicio de un ambicioso proyecto: La construcción de 46 pozos artesianos en diferentes zonas del Alto Paraná, con el objetivo de mejorar el sistema de agua potable de al menos 14 distritos de esa zona del país.
El monto total destinado para los pozos, según los documentos, llega a los G. 20.571 millones a ser desembolsados por la Itaipú.
El lanzamiento se hizo incluso con una perforación de suelo, de forma simbólica, para iniciar las obras.
Para llevar adelante este programa, la Itaipú se hizo con los servicios de una ONG llamada Agencia de Desarrollo e Integración de la Región de Itaipú (ADIRI), que, según los documentos, tiene a su cargo la ejecución completa del proyecto.
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Esta ONG contrató, a su vez, a la empresa Hidrogeom Perforaciones SA para encargarse de realizar las perforaciones y establecer los sistemas de abastecimiento de agua potable.
Hidrogeom Perforaciones SA tiene como presidenta a Lilian del Rocío González Rivela, esposa de Tito Livio Ramírez, actual Director de Agua y Embalse de la entidad binacional Itaipú.
En efecto, el funcionario confirmó, en contacto con ABC Color, que él también tiene acciones dentro de la empresa.
Llamativos costos y convenio
Según el plan de trabajo firmado entre Silvio Sosa, jefe de división de Estudios de Itaipú, y Marilene Sguarizi, titular de la ONG ADIRI, el presupuesto total establecido para este proyecto fue de G. 22.407 millones, monto que fue aportado en su totalidad por la Itaipú Binacional.
De esta cifra, G. 20.571 millones corresponden exclusivamente a la construcción de pozos artesianos, mientras que los G. 1.836 millones restantes se destinaron a la “gestión operativa” de todo el proyecto.
En cuanto al convenio firmado entre la Itaipú y la ADIRI para esta obra, se estipulan los roles que deberá desempeñar cada entidad en torno al proyecto.
En ese sentido, figura como “responsabilidad de Itaipú”, entre otras cosas, “Orientar y Coordinar las acciones emprendidas en el marco del Proyecto”, como así también analizar los informes presentados - por ADIRI- de acuerdo a lo establecido en el convenio.
A su vez, ADIRI tendrá a su cargo cosas como, “garantizar los recursos materiales, humanos y financieros” para llegar a los objetivos del plan establecido.
Supuestamente, el proyecto - que todavía tendría que estar en curso - busca beneficiar a unos 15 distritos de Alto Paraná para que tengan acceso a un sistema de agua potable.
Contrato vigente
El funcionario de Itaipú, Tito Livio Ramírez, respondió ayer algunas consultas de ABC Color. Además de reconocer que Hidrogeom Perforaciones SA es de la familia de su esposa y que él tiene acciones, dijo que la empresa tiene un contrato vigente con ADIRI. “No sé si es una fundación o ONG”, señaló, refiriéndose a esta organización.
El “romance” con las ONG
El caso de la Agencia de Desarrollo e Integración de la Región de Itaipú (ADIRI), no es ni de casualidad el primer caso en el que una Organización No Gubernamental aparece como “ejecutora” de algún proyecto con dinero de Itaipú, durante la administración de Manuel María Cáceres.
En diciembre de 2022, la Binacional entregó nada menos que G. 14.353 millones –casi US$ 2 millones– a la Asociación Nuevo Horizonte de Minga Guazú para supuesta construcción de empedrados.
El convenio se firmó 15 días después del pedido y apenas dos meses después de que a los representantes de la ONG se les levantaran medidas judiciales en un proceso por la presentación de presuntas pólizas de seguro falsas en el Indert.
Representada por una pareja
La Asociación Nuevo Horizonte es representada por Víctor David Pereira Torales y su pareja Cintia Carolina Alfonzo, quienes hicieron el millonario pedido para la supuesta construcción de empedrados en localidades de la región Oriental.
El acuerdo fue refrendado el 5 de diciembre de 2022, por los directores Anatalicio Risden Junior y Manuel María Cáceres, de Brasil y Paraguay, respectivamente.
Otro punto llamativo de este caso es que Itaipú entregó los millonarios fondos a la Asociación Nuevo Horizonte, dos meses después de que Pereira Torales y Alfonzo - los directivos de la ONG- consiguieran un sobreseimiento provisional en un proceso iniciado por el Ministerio Público por la supuesta producción de documentos no auténticos.