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En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, comentó que está en proceso de verificación el primer contrato firmado entre el Gobierno y un consorcio para la implementación del sistema de billetaje electrónico.
Seitz comentó que, en el marco de esa verificación, Contrataciones Públicas pidió en dos ocasiones al Viceministerio de Transporte información sobre el nivel de cumplimiento del contrato, sin recibir respuesta.
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Agregó que el plazo para la contestación vence el lunes y, si aún no hay respuesta una vez vencido ese plazo, representantes de la Dirección de Contrataciones se apersonarán en el Viceministerio de Trabajo para retirar los documentos requeridos.
Esa investigación de Contrataciones sobre el cumplimiento del contrato del billetaje electrónico obedece a una controversia generada por la realización de una segunda licitación por parte del Viceministerio de Trabajo, debido a que partes de ese contrato no fueron cumplidas.
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El Viceministerio de Transporte adjudicó en 2019, por US$ 3,9 millones, al consorcio Electronic Ticket Control –representado legalmente por Angela Marien Ocampos Ortega– la implementación del Centro de Control y Monitoreo del sistema de billetaje.
No obstante, pese a tres años de vigencia del billetaje electrónico, el Viceministerio sigue sin poder ejercer un control efectivo del sistema por falta de herramientas necesarias para el efecto, como el registro de rutas de itinerarios, parámetros de tiempo de desplazamiento, paradas obligatorias y frecuencias, generación de estadísticas, sistema de visualización en tiempo real, carga de archivo para auditoría de niveles de servicio, entre otros.
La efectividad del sistema de control del billetaje electrónico -clave para transparentar la tarifa técnica del pasaje y el cumplimiento por parte de las empresas de transporte de los requisitos de servicio necesarios para beneficiarse del subsidio al transporte por parte del Estado- cobró nueva relevancia ante la agudización de la crisis del sistema de transporte público, que no da abasto a la demanda, lo que resulta en buses llenos a capacidad, paradas abarrotadas de pasajeros varados y denuncias de hipotéticas “reguladas” por parte de las empresas de transporte.