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El pedido de suspensión tiene como finalidad parar el proceso de ejecución del contrato con respecto a la implementación del sistema de expedición de cédulas y pasaportes con chip hasta que se aclaren las presuntas irregularidades, que podrían dejar un perjuicio de US$ 29 millones, según indicó su impulsor, el senador Daniel Rojas (PLRA).
“Pedimos la suspensión del proceso para aclarar posibles hechos punibles contra el patrimonio del Estado paraguayo, tipificado en la Ley 2.880. Hablamos de especulados y de intervención ilegítima en las contrataciones públicas”, declaró.
Agregó que los recursos para financiar el proyecto fueron extraídos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) por el Ministerio del Interior, lo cual -indicó- es irregular.
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También mencionó que otra irregularidad en torno al proyecto son las prórrogas ejecutadas a la firma internacional adjudicada, Thales. “El contrato adolece de muchas irregularidades y hay perjuicio al Estado de US$ 28 millones”, declaró.
Parte de la “Operación Cicatriz” en la ANR
Así también, Rojas manifestó que el proyecto avanzó a pesar de irregularidades desde la administración de Juan Carlos López Moreira, ministro del Interior en el gobierno de Horacio Cartes, y la de Juan Carlos Villamayor, quien fuera titular del Ministerio del Interior con Mario Abdo Benítez. Esto bajo la “Operación Cicatriz” en la Asociación Nacional Republicana (ANR).
“Queremos que los responsables sean declarados como tales”, expresó sobre el pedido a la Fiscalía.
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Acotó que, además de recurrir al Ministerio Público, ya solicitaron informes a la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio del Interior.
La implementación de la cédula de identidad y pasaporte con chip, fabricados a base de policarbonato, se llevará a cabo recién en las próximas semanas, luego de ajustar detalles, según anuciaron desde el Gobierno.