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La abogada Liz Elena Martínez Robles, procesada por el supuesto hecho de soborno agravado, en calidad de autor; y asociación criminal en calidad de cómplice, en el marco del proceso penal abierto a la fiscal de San Lorenzo Ana Elizabeth Girala López; seguirá cumpliendo prisión preventiva por orden del juez de Garantías José Agustín Delmás.
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El magistrado Especializado en Delitos Económicos concluyó que el alto peligro de fuga y el peligro de obstrucción a la investigación siguen latentes, teniendo en cuenta que el fiscal Osmar Legal se encuentra realizando las diligencias pendientes, en atención a que la investigación se encuentra en una etapa incipiente.
Además de la letrada y la agente del Ministerio Público, en la presente causa penal están imputados también la asistente fiscal Christi Magali Ortega Domínguez, la secretaria de fiscalía Griselda Beatríz Acha Alcaraz, y los abogados Marcos Aurelio Velazco Mendoza y Nélida Vicenta Alcaraz.
Proceso por supuesta coima de G. 25 millones
Esta causa inició el pasado 16 de febrero, cuando el fiscal Osmar Legal intervino la unidad de la fiscala Ana Girala ante la denuncia de que integrantes de la misma habrían solicitado el pago de G. 25.000.000 para beneficiar a un joven procesado, hijo de la persona que presentó la denuncia.
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El allanamiento encabezado por el fiscal Osmar Legal se realizó ante las sospechas de que la fiscala Ana Girala, según la imputación fiscal, tenía a su cargo una causa por tentativa de homicidio doloso, asociación criminal y producción de riesgos comunes, en la que habría acusado a dos participantes que esperaban por la realización de la audiencia preliminar que fue fijada para el 20 de febrero pasado.
Es así que el 7 de febrero de este año, la fiscala Girala habría iniciado el pedido de sumas de dinero, entre G. 10 millones y G. 25 millones, a cambio de plantear salidas alternativas al juicio oral al momento de la realización de la audiencia preliminar para los dos procesados.
Para ello, Girala se habría valido de su secretaria Griselda Acha, que a su vez dio indicaciones a la abogada Liz Elena Martínez para contactar con el procesado, que en ese entonces estaba privado de libertad, siempre según la imputación.
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