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A las 9:00, el parlasuriano Ricardo Canese y Ermo Rodríguez, secretario general del partido Paraguay Pyahurã, presentaron el escrito dirigido al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, solicitando la apertura de una causa penal en el Ministerio Público y la inmediata imputación del expresidente Horacio Cartes “por la autocontratación a sí mismo, cuando era presidente de la República y contrató a Tapé Porã”.
De acuerdo con la denuncia, en el periodo de mandato de Cartes (2013-2018) otorgó la concesión en 2016 a la empresa Tape Porã para un contrato de operación y el mantenimiento de la ruta PY02 (ex ruta 7), específicamente entre los kilómetros 183 y 323 de la misma, que se inicia en Caaguazú y termina en Ciudad del Este.
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Luego de presentar en mesa de entrada el escrito, Canese señaló ante medios de prensa que “Horacio Cartes tuvo que transferir apresuradamente sus acciones, y a partir de eso tomamos conocimiento de que él es efectivamente el dueño de Tape Porã, que tiene una concesión enteramente ilegal que ya conocíamos, que se le dio licitación pública en 2016 a iniciativa de Horacio Cartes”.
De acuerdo con los antecedentes, la concesión anterior a Tape Porã tenía un plazo de duración de 25 años que vencía recién este año, es decir en 2023. Sin embargo, Cartes amplió el plazo de la concesión por 37 años más, específicamente hasta el 2053, siete años antes de su fenecimiento, contrariando de esta forma lo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 1.618/2.000 “De Concesiones”, que establece que el plazo máximo para las concesiones es de 30 años, computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
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Piden imputación de ministro de Obras e incautaciones
Canese solicitó además que la imputación se amplíe al exministro de Obras Públicas de Cartes, Ramón Jiménez Gaona, quien ya está siendo investigado por la fiscala María Estefanía González por las obras del metrobús.
En el mismo orden de cosas, los denunciantes solicitaron “la incautación de los bienes y de la recaudación de Tape Porã y que pasen estos pasen directamente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en salvaguarda de los intereses de los usuarios y del Estado”.
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Señalan que la ruta PY02 “no es una autopista, pero aplican tarifa como si fuese una autopista que no debe tener lomos de burro, paso a desnivel, pero esta vía sí los tiene; además, una autopista tiene más seguridad. Además, aplican un peaje ilegal, muy superior a lo establecido, a pesar de que no tiene característica de autopista”. El promedio de peajes cobrados en dos tramos es de G. 17.000.
Por estas cuestiones mencionan que lo hecho por Cartes fue “una simulación y una estafa contra el Estado y el usuario, ya que simuló no ser dueño de Tape Porã y al final resultó ser el dueño o accionista mayoritario”, agregó Canese.
“Los grandes delincuentes tienen que tener esa carpeta fiscal y esa inmediata imputación”, finalizó el parlasuriano.
Los nexos de Jiménez Gaona y Cartes
De acuerdo a Canese, Cartes es uno de los accionistas mayoritarios de Jiménez Gaona y Lima SA y en el 2016, al firmar el decreto de concesión a favor de Tape Porã, hizo una autoadjudicación a favor de sí mismo, indicó.
Se descubrió porque se conoció luego de que Cartes se viera obligado a transferir sus acciones a sus hijos tras las sanciones económicas que Estados Unidos le impuso. Cartes era el mayor accionista de Jiménez Gaona y Lima SA y, en consecuencia, de Tape Porã.
“Se exige que la Contraloría, primero, y la Fiscalía y Justicia, después, tomen las medidas para que la concesión vuelva al MOPC y el peaje baje de G. 17.000 a G. 5.000 por vehículo liviano”, concluyó.