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En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el abogado Edgardo Martínez, ex juez penal de Garantías de la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú, habló de la causa penal de 2019 en la que fue involucrado Vicente Andrés Ferreira, funcionario del Poder Judicial sancionado por supuestos hechos de corrupción por Estados Unidos.
Ferreira, actuario del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia a cargo del juez Víctor Lionel Bareiro –primo de Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura también acusado de corrupción por Estados Unidos– fue imputado en 2019 por supuesta producción de documentos públicos de contenido no auténtico junto con otros dos funcionarios judiciales.
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La imputación fue realizada por el desaparecido fiscal Jorge Eduardo López en el marco de una pesquisa por supuesta producción de documentos públicos de contenido falso para beneficiar a una en ese entonces procesada por violación, pero luego Ferreira fue sobreseído en la causa.
El exjuez Martínez explicó que, en enero de 2019, los defensores del procesado por violación pidieron una revisión de una medida cautelar contra el imputado, algo que el magistrado negó “porque no había condiciones de modificar la medida cautelar”.
Posteriormente se presentó una apelación, que resultó en un error sobre el traslado del expediente que derivó en la supuesta producción de documentos de contenido falso, por lo que fueron imputados Ferreira y los funcionarios judiciales Diego Ozuna y Mónica Gaona.
El exjuez indicó que Ferreira “no quería someterse al proceso”, presentando numerosas apelaciones y recusaciones y, eventualmente, denunciando a Martínez ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Ferreira también denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento al fiscal Jorge López, quien fue removido de su cargo en noviembre de 2021 y posteriormente falleció a causa de un cáncer.
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Las hijas de López comentaron la semana pasada que, antes de morir, su padre entregó a la Embajada de los Estados Unidos documentos y grabaciones de audio en los que supuestamente se evidencia que Jorge Bogarín Alfonso traficó influencias para “caerle al juez” del caso de Ferreira.