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El juez Humberto Otazú confirmó para ABC, que la audiencia será este lunes a partir de las 09:30 en el Palacio de Justicia, en Asunción. Fueron convocados el exgobernador de Central, Hugo Javier González (cartista), Karina Mazacote Widmar, Adalberto Benítez Aguilera, Lourde Lezcano Decoud, Javier Marcelo Rojas Giménez, Luis Eduardo Allende Araujo, Modesta Escobar Valiente y Édgar José Zaracho Quintana, todos acusados por los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia.
Los agentes del Ministerio Público, presentaron su requerimiento conclusivo en la causa conocida como “fracturas clonadas y obras fantasma”. En tal sentido, acusaron a los mencionados por los hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. En consecuencia, se pidió al juzgado de garantías que afronten juicio oral y público.
El perjuicio patrimonial detectado en la Gobernación de Central durante la administración de Hugo Javier es de G. 5.105.600.000, que habría sido consumado mediante un esquema montado por el entonces titular de la institución y sus funcionarios más cercanos, con la finalidad de desviar los fondos de Covid-19 desembolsado por el Ejecutivo para ser destinado a la reactivación económica en pandemia.
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Sin embargo, existen suficientes indicios de obras fantasmas y en la rendición de cuentas aparecieron decenas de facturas clonadas. En principio fueron imputadas 15 personas, de las cuales 7 obtuvieron salidas procesales y otros 8 fueron acusadas.
El Fondo Covid-19 de G. 5.105.600.000 fue desembolsado en el marco de dos “proyectos genéricos”, presentados por los representantes de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), de Tadeo Álvarez Cristaldo, procesado y beneficiado con salida procesal en la causa, debido a los aportes significativos que realizó en la investigación.
Dichos proyectos consistían en la “construcción y mantenimiento de espacios públicos en el Departamento Central”, con presupuesto de G. 3.063.360.000, y también “pavimentación asfáltica empedrado” por valor de G. 2.042.240.000. Estos proyectos no detallaban las obras que iban a ejecutarse ni el lugar.
Esquema montado para el fraude
El fiscal Rodrigo Estigarribia refiere en su documento que, con las facturas presuntamente apócrifas presentadas en la primera rendición de cuentas, aparentemente se justificaban por completo los desembolsos efectuados por Hugo Javier González como gobernador a favor de Tadeo Álvarez, mientras que en una segunda rendición aparecieron las inconsistencias que no llegaban a justificar el monto total desembolsado por cada proyecto.
Entonces, a partir de los hechos, se tiene la sospecha de que existiría un esquema montado dentro de la Gobernación de Central para lograr las sumas de dinero a través de proyectos de “obras fantasmas”, en el cual estarían involucrados funcionarios de la institución departamental, responsables de la Fundación CIAP y contratistas.
Caso denunciado por concejales
La sospecha de obras fantasmas y facturas clonadas fueron detectadas primeramente por los concejales departamentales, Adrián Billy Vaesken y Roque Jacinto Ávalos, ambos liberales y opositores de la administración de Hugo Javier en ese entonces.
Los mismos, visualizaron en la rendición de cuentas presentada a la Contraloría General de la República, las facturas clonadas y confirmaron la ilegalidad de los documentos contables con los propietarios de las empresas presuntamente involucradas, cuyos dueños negaron haber sido contratados por la Gobernación y por la Fundación CIAP.
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Estas sospechas, tras tomar estado público mediante nuestro medio, la Contraloría, La Secretaría Nacional Anticorrupción y Auditoría General del Ejecutivo, iniciaron una investigación que finalmente confirmaron innumerables irregularidades que fueron denunciadas al Ministerio Público.
Posteriormente, la Fiscalía realizó una serie de allanamientos, imputaciones y ahora solicita que el caso sea elevado a juicio oral y público. Los fiscales de la causa calificaron el hecho como grave destacando que el perjuicio ocurrió en el peor momento de la pandemia. Por ello, todos aquellos beneficiados con salidas procesales, fueron obligados a resarcir el daño.