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De acuerdo con el “Informe de países sobre prácticas de derechos humanos de 2022″, efectuado por la oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el Paraguay no se implementó efectivamente la ley que establece sanciones penales por corrupción a funcionarios públicos.
Detalla cientos de casos de malversación de fondos, evasión de impuestos, enriquecimiento ilícito, abuso de la confianza pública, documentos falsos y asociación delictiva, que fueron denunciados a través de los medios de comunicación; sin embargo, las acciones o pesquisas desde el Ministerio Público, en ese entonces en manos de Sandra Quiñónez, se hicieron con lentitud.
“Las investigaciones y acusaciones de corrupción del Ministerio Público por lo general procedieron con lentitud y tardaron varios años en llegar a un veredicto en los tribunales”, resalta el estudio.
Denuncia además que políticos y personas influyentes condenados en los tribunales inferiores evitaban la condena al presentar apelaciones y mociones o solicitar con éxito la destitución o suspensión de jueces y fiscales. Así lo hacían hasta el plazo de cuatro años, límite de tiempo para los casos judiciales, señala.
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El informe menciona también algunos casos ocasionales de condenas por corrupción de funcionarios públicos, pero que son de niveles bajo y medio. “Los funcionarios públicos de alto rango disfrutaron de un alto grado de impunidad”, destaca el estudio de EE.UU.
El texto refiere que la politización y la corrupción permean en todo el Poder Judicial, particularmente en los tribunales inferiores y las oficinas regionales.
Impunidad endémica
El Departamento de Estado de Estados Unidos califica la impunidad de funcionarios públicos de alto nivel en Paraguay como “endémica”. A pesar de que la prensa denuncia los casos de exministros, intendentes, gobernadores, los funcionarios evitaron ser procesados por corrupción y otros delitos, según el informe.
“Al 17 de octubre, los casos de corrupción de alto nivel no resueltos incluían a cuatro exministros de administraciones anteriores, dos exministros de la administración actual, tres exmiembros del Congreso y siete actuales, un ex fiscal general, tres exgobernadores y un exjuez de la Corte Suprema de justicia”, contabilizó el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Resaltó igualmente el caso del defensor del pueblo, Miguel Godoy, quien renunció a su cargo ante un posible juicio político. El mismo fue denunciado por el cobro indebido de honorarios de aproximadamente G. 440.000 de cada uno de los 4.000 objetores de conciencia para evitar el servicio militar obligatorio del país. También enfrentó acusaciones de acoso sexual y violaciones de la ley laboral.
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Marta González está entre mencionados
La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe respecto a países sobre prácticas de derechos humanos de 2022, en un apartado acerca de Paraguay y el respeto a las libertades civiles, menciona que políticos y autoridades utilizaron las leyes sobre difamación y calumnia contra periodistas como represalia por publicaciones en contra de ellos.
Como ejemplo de esas prácticas lamentables contra la libertad de expresión cometidas por jerarcas, EE.UU. cita el caso de la exviceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Marta González, quien dijo estar afectada por publicaciones en su contra, y demandó al diario ABC Color.
“La calumnia y la difamación son delitos penales y tales leyes generalmente se hicieron cumplir. En ocasiones, figuras públicas individuales utilizaron estas leyes para restringir el debate público o tomar represalias contra periodistas u opositores políticos”, refiere el informe de Estados Unidos.
“La exviceministra de Hacienda Marta González Ayala continuó con dos demandas por supuesta difamación contra el importante medio de comunicación ABC Color después de que informara ampliamente sobre las acusaciones de corrupción en su contra”, prosigue el informe.
González Ayala y su esposo Jacinto Santa María habían presentado dos querellas, molestos por publicaciones de ABC Color que partieron de las denuncias de Juan Báez, un modesto poblador de la zona de Mbatoví, departamento de Paraguarí, que acusó al matrimonio de intentar despojarlo de su inmueble.
En la mencionada causa, la Justicia absolvió al periodista Juan Carlos Lezcano y a la directora del diario ABC Color, Natalia Zuccolillo.
Sin embargo, en forma paralela y en otro juicio relacionado con una causa de querella por difamación que fue impulsada por la extitular de Tributación, el juez Wilfrido Peralta emitió un aberrante fallo contra el diario ABC Color y la directora del medio, ante publicaciones realizadas en contra de un contrato para la actualización del sistema tributario, suscrito cuando González Ayala era jefa de la SET. Esa resolución fue calificada de censura por organizaciones dedicadas al control democrático. Luego de ello Peralta se jubiló.
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Dice que periodistas del diario 5 Días también recibieron ataques como consecuencia de publicaciones respecto a los supuestos vínculos del expresidente Horacio Cartes con el lavado de dinero.
Acoso y violencia contra las periodistas
En la sección 6 del reporte sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos hay un espacio específicamente dedicado a las mujeres. Allí, a su vez, se consigna un apartado intitulado “Acoso Sexual”, el cual está dedicado exclusivamente al sonado caso del periodista Carlos Granada (53), a quien seis subordinadas suyas denunciaron por acoso y coacción sexual.
El reporte relata que el 27 de agosto del año 2022 el Ministerio Público presentó cargos contra el veterano periodista y productor de noticias Carlos Granada por acoso sexual a seis de sus colegas periodistas.
“De acuerdo con la fiscalía, Granada utilizó su posición y conexiones para acosar a periodistas mujeres jóvenes, algunas de las cuales debieron abandonar su trabajo luego de que sus empleadores se negaran a tomar acciones contra Granada o presionaran a sus acusadoras a renunciar”, señala el documento.
Por otro lado, el mismo reporte también se hace eco del hostigamiento recibido por Mercedes “Menchi” Barriocanal por parte de Juan Vera, quien publicó sus datos personales en redes sociales, incluido su número telefónico privado, con un llamado a que se la “repudie”. Luego de esta convocatoria, Menchi recibió mensajes insultantes y denigrantes y hasta amenazas.
Al respecto, el reporte dice: “Las organizaciones de Derechos Humanos denunciaron un aumento de las agresiones públicas y la intimidación por parte de activistas políticos conservadores. Estos activistas acusaron a los defensores de Derechos Humanos de polarizar e ideologizar a la población, fomentar la violencia contra el gobierno y destruir los ‘valores familiares tradicionales’ al emplear una retórica ‘izquierdista’ y ‘globalizada’”.
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Y añade que el 7 de diciembre de 2022 “un juez ordenó medidas de protección para la destacada periodista y activista de derechos humanos Mercedes Barriocanal luego de que un grupo político conservador publicara el número de teléfono de Barriocanal en las redes sociales y llamara a sus seguidores a hostigarla. Barriocanal había criticado la campaña de desinformación de los grupos conservadores y los llamados profamilia que presionan al Congreso”.