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Junto a el exintendente municipal Melgarejo, el agente fiscal Corbeta también imputó a la ex concejala municipal colorada, Dora Adelaida Lezcano Cardozo y a los siguientes ex funcionarios municipales; Darío Rubén Garay Jara, quien en ese momento ejercía el cargo de tesorero, actualmente encargado de vivero forestal; Gladys María Centurión Rojas, ex secretaria general y actual asesora del intendente Sergio Galeano (ANR).Todos ellos están imputados por los supuestos hechos de “Comisión de los hechos punibles de Lesión de Confianza, Asociación Criminal y Producción de Documentos No Auténticos”, en diferentes grados de participación.
Además está imputado José Augusto López, ex responsable de la UOC, actualmente comisionado en la Gobernación de Paraguarí y Emanuel Satio Yamazaki Alvarenga, desvinculado de la Municipalidad. Asimismo, en esta causa fueron imputados Teovaldo Ramón Cañete Varela, propietario del taller de Elastiquería San Ramón; Silvia Agostina Pedrozo Acosta, propietaria de la estación de Servicios Copeg - Puerto Irala y Marcelino Torres, propietario de Marcelo Construcciones.
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El fiscal Silvio Corbeta explicó que la jueza Ocampos de Paraguarí ya admitió la imputación contra los imputados y fijó audiencia de imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva para el 10 de abril próximo. Y los imputados deben presentar la caución adecuada por G.100.000.000.
El Ministerio Público investiga un perjuicio patrimonial de un monto total de G. 91.738.000, cuyos hechos de corrupción se sospecha se habrían cometido en el ejercicio fiscal 2015-2020 durante la gestión del exintendente colorado Melgarejo. Se objetan obras de construcciones y prestaciones de servicios.
Los hechos investigados por la Fiscalía
El expediente fiscal que ya fue admitido en el Juzgado de Garantía de Paraguarí señala que los proveedores de la Municipalidad habrían sido adjudicados con contratos que no fueron ejecutados, conforme a las normativas establecidas, como también libramientos de cheques sin respaldo documental que habrían sido cobrados por funcionarios municipales.
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La denuncia refiere que en los años 2016 y 2017 se celebraron contratos entre la Municipalidad de La Colmena y entes privados para la prestación de servicios como ser: provisión de combustibles, reparación y mantenimiento de maquinarias entre otros. Los contratos fueron firmados por el entonces intendente Melgarejo y en algunos casos por Gladys Centurión Rojas, actual asesora municipal. Con respecto a las órdenes de pago y los cheques eran firmados por el extesorero Darío Rubén Garay.
Ante el rechazo de la ejecución presupuestaria del 2018, un grupo de concejales habían denunciado el hecho ante la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público, por mala utilización de los recursos de Fonacide.
De acuerdo a la denuncia presentada por ediles municipales, el Ministerio Público se abocó a la tarea investigativa librando oficios a entidades bancarias, colectando datos a través de las testificales y ejecutando procedimientos de allanamientos, explicó el fiscal Corbeta.
Existía esquema delictivo
El agente fiscal de la Unidad N°16 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción explicó que mediante los documentos incautados, se puede manifestar que existiría un esquema delictivo para la comisión de fraude a la Municipalidad local. Los imputados habrían diseñado a través de uso de figuras legales y administrativas presunto hechos delictivos con el fin de obtener beneficios en detrimento del erario público.
El documento señala además, que con la conducta de los funcionarios se habría causado un perjuicio patrimonial a la institución, porque los fondos de las cuentas de Royalties no fueron destinados para la financiación de proyectos de inversión pública, desarrollo de la producción local, ni regional o mejorar la infraestructura como lo obliga la ley.
Los contratos se efectuaron en los años 2016 y 2017, tanto por la vía de la excepción y por contrato directo, todos bajo la administración del municipio en cuestión. Se cuestiona la adquisición de combustible para uso institucional, contrato por la Vía de la Excepción en el año 2016, por G. 31.438.000.
Asimismo, se menciona que existen sospechas de malversación de fondos en la adquisición de servicios de reparación y mantenimiento de vehículos y maquinarias, que se adjudicó en G.120.000.000 por contrato directo en el año 2017. En este caso específico el perjuicio ocasionado habría sido de G 37.800.000 a través de la producción y utilización de documentos no auténticos.
En el expediente se señala también que respecto a servicios de reparación y mantenimiento de tractor agrícola con ala y provisión de repuestos, el contrato se realizó por la vía de la excepción año 2017 y el perjuicio sería de G. 22.500.000. La representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías que dicte medidas alternativas a la prisión y entre ellas se puede mencionar la prestación de una caución adecuada por G.100.000.000.
Al respecto consultamos con el exintendente local Melgarejo, quien manifestó que le comentaron que fue imputado, pero que no está al tanto del expediente, le dijeron que están con el juez Guillermo Ortega. Pero, que primero quiere interiorizarse de qué se trata, porque no fue notificado aún respecto a dicho proceso.