Albavisión y Carlos Granada aparecen en el reporte sobre DDHH del Departamento de Estado de Estados Unidos

El grupo de comunicaciones Albavisión y el periodista Carlos Granada tienen un apartado propio en el reporte sobre Derechos Humanos hecho público por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Granada fue denunciado y está procesado por acoso sexual y Albavisión habría violado las leyes laborales al no proteger a las denunciantes, según se consigna en los párrafos dedicados a este caso.

Manifestación realizada el 12 de octubre de 2022 para exigir el cese del acoso sexual y medidas contra Carlos Granada, frente a Albavisión en el barrio Sajonia.
El 12 de octubre del año pasado una manifestación frente a Albavisión exigía el cese del acoso sexual a periodistas mujeres. Un mes más tarde Carlos Granada iría preso y ahora el caso aparece en el reporte sobre Derechos Humanos del departamento de Estado de los Estados Unidos.

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En la sección 6 del reporte sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos hay una sección específicamente dedicada a las mujeres. Allí, a su vez, se consigna un apartado intitulado “Acoso Sexual”, el cual está dedicado exclusivamente al sonado caso del periodista Carlos Granada (53), a quién seis subordinadas suyas denunciaron por acoso y coacción sexual.

El reporte relata que el 27 de agosto del año 2022 el Ministerio Público presentó cargos contra el veterano periodista y productor de noticias Carlos Granada por acoso sexual a seis de sus colegas periodistas.

“De acuerdo con la fiscalía, Granada utilizó su posición y conexiones para acosar a periodistas mujeres jóvenes, algunas de las cuales debieron abandonar su trabajo luego de que sus empleadores se negaran a tomar acciones contra Granada o presionaran a sus acusadoras a renunciar”, señala el documento.

Carlos Granada
Carlos Granada, esposado en el Poder Judicial. Ahora guarda reclusión domiciliaria, luego de pasar alrededor de tres meses preso.

“El 17 de octubre Granada quedó detenido mientras el caso en su contra avanzaba. El empleador de Granada, la compañía de telecomunicaciones Albavisión, subsecuentemente despidió a las seis querellantes y amenazó con querellar a una de ellas por difamación. Al despedir a las seis empleadas, Albavisión habría violado las leyes laborales”.

Desde febrero de este año Granada guarda arresto domiciliario por este caso, luego de permanecer recluido en el sistema penitenciario desde noviembre del año pasado.

La amenaza de Juan Vera a Menchi Barriocanal

Menchi Barriocanal recibe el apoyo de sus hijas en el Palacio de Justicia, antes de una audiencia de conciliación con Juan Vera, el hombre que publicó sus datos personales con un llamado a hostigamiento
Menchi Barriocanal recibe el apoyo de sus hijas en el Palacio de Justicia, antes de una audiencia de conciliación con Juan Vera, el hombre que publicó sus datos personales con un llamado a hostigamiento

Por otro lado, el mismo reporte también se hace eco del hostigamiento recibido por Mercedes “Menchi” Barriocanal por parte de Juan Vera, quien publicó sus datos personales en redes sociales, incluido su número telefónico privado, con un llamado a que se la “repudie”. Luego de esta convocatoria, Menchi recibió mensajes insultantes y denigrantes y hasta amenazas.

Al respecto, el reporte dice: “Las organizaciones de Derechos Humanos denunciaron un aumento de las agresiones públicas y la intimidación por parte de activistas políticos conservadores. Estos activistas acusaron a los defensores de Derechos Humanos de polarizar e ideologizar a la población, fomentar la violencia contra el gobierno y destruir los ‘valores familiares tradicionales’ al emplear una retórica ‘izquierdista’ y ‘globalizada´”.

Y añade que el 7 de diciembre de 2022 “un juez ordenó medidas de protección para la destacada periodista y activista de derechos humanos Mercedes Barriocanal luego de que un grupo político conservador publicara el número de teléfono de Barriocanal en las redes sociales y llamara a sus seguidores a hostigarla. Barriocanal había criticado la campaña de desinformación de los grupos conservadores y los llamados profamilia que presionan al Congreso para bloquear el financiamiento internacional para la educación pública”.

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