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El Colegio de Abogados de Curuguaty, la Orden de Abogados de Canindeyú y el Colegio de Abogados de Canindeyú fueron las nucleaciones de auxiliares de justicia que presentaron denuncias el pasado 10 de marzo ante la Fiscalía General del Estado contra el agente fiscal delegado Meiji Udagawa, por dos hechos concretos.
En primer lugar, el Colegio de Abogados de Curuguaty, por nota firmada por su presidente Seidu Samuel Ibarra, el vicepresidente Ramón González y su secretario Guillermo González, solicitó una auditoría de gestión del fiscal Udagawa, “que últimamente viene recibiendo duros cuestionamientos”.
El escrito señala que el pedido se hace ante “las últimas actuaciones del fiscal que ensucian la imagen de la institución, al intentar beneficiar con salidas procesales a ex agentes de la Policía Nacional implicados en hechos de narcotráfico, la llamativa desaparición de un botín de un reciente asalto acaecido en la capital departamental”.
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Por su parte, la Orden de Abogados de Canindeyú resaltó nuevamente el hecho de la desaparición de evidencias, así como hechos relacionados al narcotráfico y crimen organizado, como el pedido de sobreseimiento de responsables de toneladas de droga, en el marco de las actuaciones del fiscal.
Es así que, en el escrito firmado por el presidente Nilson Esteban Quintana, su vicepresidente Ricardo Oviedo y otros, la Orden solicita la intervención de la Unidad Penal N° 01 de Salto del Guairá, que está a cargo del cuestionado agente fiscal.
Por último, el Colegio de Abogados de Canindeyú, representado mediante el presidente Aureliano Brítez y el secretario Darío Garcete, firmantes, expuso una serie de inquietudes, reclamos y a la vez formuló denuncias sobre irregularidades que denigran la imagen de la institución, además de señalar la falta de más unidades fiscales en esa zona del país.
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Desaparición de millonaria suma
El pasado 1 de marzo se registró un asalto en la zona céntrica de la ciudad de Salto del Guairá, en el que cuatro maleantes detuvieron a balazos el móvil de la empresa Distribuidora Campos SA que transportaba más de G. 400 millones al banco.
Los maleantes fueron perseguidos por policías de Paraguay hasta la frontera seca, de donde luego pasaron al territorio brasileño. La Policía del vecino país brindó apoyo y logró la captura de la banda, así como la recuperación del botín consistente en la suma de G. 425 millones, en un pequeño monte.
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La Policía del Brasil hizo entrega de los detenidos y del dinero íntegro a sus pares paraguayos, que tuvieron a su cargo el resguardo del mismo. Sin embargo, al momento del conteo, solo fueron encontrados dentro de la mochila utilizada por los malvivientes poco más de G. 117.742.000, registrándose un faltante de G. 307.258.000.
El fiscal Meiji Udagawa en aquella ocasión había indicado que policías de Investigaciones sostenían que supuestamente había otra mochila con dinero y que fue llevada por los efectivos de la Policía brasileña. La información fue negada en Brasil, pues la víctima del robo fue a conversar con el delegado de la Policía Civil de Mundo Novo para averiguar el hecho.
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Sobreseimiento a supuestos narcopolicías
El otro caso hace referencia al cambio de postura del fiscal Meiji Udagawa en la audiencia preliminar en los primeros días de marzo de 2023, pues primeramente había acusado a los expolicías Benicio Silva y Marcos Antonio Jara Casco y durante la diligencia ante la jueza penal de garantías de Canindeyú Guillermina González se allanó al pedido de la defensa de sobreseimiento provisional para los exagentes.
Los dos exmiembros de la Policía fueron acusados por los hechos punibles de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes y tráfico internacional de drogas, ya que Silva había sido descubierto el 8 de julio de 2016 transportando 20 toneladas de marihuana prensada hacia Brasil.
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Los mismos supuestamente, además, brindaban protección a grupos de narcotraficantes que operaban en dicha zona del país a cambio de importantes sumas de dinero. Benicio Silva, alias Benicio Hû, cayó preso en Brasil en marzo de 2022 y fue entregado a la Policía paraguaya.
La jueza de garantías dio trámite de oposición y resolvió elevar la causa a juicio oral y público, ya que consideró que el Ministerio Público colectó todos los elementos para que el caso pueda ser debatido en audiencia oral y pública. Esto, siete años después de que haya ocurrido el hecho.