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En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el abogado Rodrigo Cuevas, representante legal de la denunciante de supuesto acoso sexual Belén Whittingslow, volvió a acusar a las autoridades de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” de encubrir al docente Cristian Kriskovich, acusado por el presunto acoso, indicando que se negaron a permitir el peritaje de los teléfonos celulares en los cuales están los supuestos mensajes de acoso.
Whittingslow denunció por supuesto acoso sexual a Kriskovich en 2014. Luego de la desestimación de esa denuncia, en 2015, Whittingslow fue imputada por su supuesta implicación en un escándalo de compra de notas en la universidad, algo que la familia de la joven –quien está asilada en Uruguay– y su abogado afirman fue una represalia por la denuncia de acoso.
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“La cuestión del acoso tiene directa relación con la causa compranotas; en los celulares de Belén y de Kriskovich se encuentran todos los mensajes de hostigamiento y acoso y las peticiones que hizo el profesor Kriskovich de tener sexo con Belén”, dijo el abogado, agregando que en los celulares también figuran “las amenazas (de Kriskovich) de que si (Whittingslow) no accedía, iba a ser incluida en la causa ‘compranotas’”.
Según el letrado, es por eso que hubo resistencia a permitir el peritaje de los teléfonos en tres procesos distintos: la causa por supuesto acoso, el caso “compranotas” y el juicio civil promovido por Kriskovich contra Whittingslow por supuesta difamación.
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“Ellos chicanearon y con fiscales y jueces serviles manipularon las resoluciones para que no se realicen esas pericias”, afirmó. Agregó también que “los interesados en que no se realicen las pericias” ofrecieron una recompensa de 100.000 dólares a quien pueda robar el teléfono de Whittingslow y llevárselo a ellos.
Indicó que los celulares contienen alrededor de 1.600 mensajes relevantes para la causa de acoso, enviados entre finales de 2013 y septiembre de 2014.
“Compranotas”
Cuevas volvió a cuestionar la afirmación de que Whittingslow estuvo involucrada en la causa “compranotas”, preguntando por qué si en 2014 ya había en los registros de la Universidad Católica documentos que vinculaban a la estudiante en esos hechos, Whittingslow fue imputada recién el 11 de junio de 2015, tres días después de la desestimación de la causa de presunto acoso.
Sobre la supuesta existencia de un documento en que Whittingslow admite haber tenido participación en la causa “compranotas”, Cuevas dijo no tener conocimiento sobre tal documento, pero opinó que “todo lo que la Católica presente se tiene que debatir en juicio oral y público”.
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“¿Por qué la Católica no presentó acusación (contra Whittingslow) si tenía documentos? ¿Por qué le imputó luego de la desestimación? ¿Por qué las autoridades nunca activaron protocolo ni realizaron sumario? Al contrario, dieron tiempo de que monten toda esta causa ‘compranotas’”, insistió el abogado.
Rebatió también las afirmaciones hechas por la fiscala Teresa Sosa, a la que señaló como “amiga” de Cristian Kriskovich y quien tuvo a cargo la causa “compranotas” y que además afirmó que la defensa de Whittingslow “chicaneó” una audiencia preliminar.
“Nosotros queremos ir a juicio oral, somos los más interesados en que se haga la audiencia preliminar y ofrecer por cuarta vez la pericia de estos teléfonos”, dijo.
Orden de captura
Actualmente, la madre de Whittingslow, Mónica Castañe, se encuentra encadenada fuera del Palacio de Justicia, donde permanece desde hace casi un mes, exigiendo que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado por la defensa de su hija contra la orden de captura internacional que fue emitida contra ella en 2019.
Cuevas argumentó que la resolución emitida por la jueza Lici Sánchez declarando en rebeldía a Whittingslow fue dictada “sin los presupuestos para que se decrete rebeldía”.
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La rebeldía, señaló, fue decretada luego de que supuestamente Whittingslow no se presentara a una audiencia de la que, según afirma, no se notificó a la defensa.
“Le decretan rebeldía de la noche a la mañana, mal y pronto, sin notificación de audiencia preliminar (…) Ordenan el mismo día en que bajó el expediente de Cámara de Apelaciones, sin que se fije fecha de audiencia preliminar”, indicó.
Agregó que la jueza Sánchez “argumentó que se declaró la rebeldía porque se estaba chicaneando el proceso”, agregando que ese no es un “argumento jurídico válido”.