Cargando...
En su sesión de este martes pasado, el JEM que preside el diputado liberal Rodrigo Blanco Amarilla, resolvió, por mayoría, hacer lugar al reenvío de las actuaciones al juez penal de garantías José Agustín Delmas, a los efectos de que dé cumplimiento al procedimiento previsto en el Art. 328 inc. a y b del Código Procesal Penal (CPP), respecto al pedido de desafuero de la agente fiscal Ana Elizabeth Girala López.
Lea más: Imputan por coima y asociación criminal a fiscala de San Lorenzo
La medida de reenvío ordenó el Jurado porque supuestamente la comunicación que realizó el juez Delmás a este órgano sobre el procesamiento a la fiscala, es confuso, o bien, no especifica taxativamente si solicitó el desafuero de la agente procesada.
Los miembros del Jurado Blanco Amarilla, Manuel Ramírez Candia, senador Ramón Retamozo, senadora Hermelinda Alvarenga y Oscar Paciello, por mayoría, propusieron que se reenvié la comunicación realizada por el juez Delmás y que especifique si está solicitando el desafuero de la fiscala de acuerdo a lo que dispone el Art. 328 del CPP.
Sin embargo, el juez Delmás remitió al JEM la imputación contra la fiscala Ana Girala y otras personas por los delitos de cohecho pasivo agravado, asociación criminal y soborno, el pedido del fiscal Osmar Legal que requería al juzgado el desafuero de su colega imputada, además de hacerse mención al Art. 238 del CPP que dispone el procedimiento de desafuero.
Por su parte, en minoría votaron los miembros Jorge Bogarín Alfonso y el ministro de Corte César Diesel, para que solamente se reenvíe la notificación del juez Delmás, sin aclarar que explique si solicitó o no el desafuero de la fiscala, ya que ello constituiría una presión para el magistrado conteste solicitando que requiere el desposo de los fueros, justificaron los dos miembros.
Lea más: Fiscala Ana Girala ataca de nula su imputación y suspende su imposición de medidas
La imputación por supuesta coima
El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, imputó el 1 de marzo pasado a la fiscala de la Unidad Penal N° 1 de San Lorenzo, Ana Elizabeth Girala López (45), por los hechos de cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal, en calidad de autor.
También fueron procesados la asistente fiscal Christi Magali Ortega Domínguez, por cohecho pasivo y asociación criminal en calidad de cómplice, mientras que a la secretaria fiscal Griselda Beatríz Acha Alcaraz, por el hecho de asociación criminal en calidad de cómplice.
El fiscal Legal ordenó además la detención solo de la asistente fiscal Christi Magali Ortega Domínguez, la secretaria fiscal Griselda Beatríz Acha Alcaraz y el abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza, excepto a la fiscala Ana Girala porque cuenta con fueros.
Allanamiento a Fiscalía de San Lorenzo
El pasado 16 de febrero, el fiscal Osmar Legal intervino la unidad de la fiscala Ana Girala ante la denuncia de que integrantes de la misma habrían solicitado el pago de G. 25.000.000 para beneficiar a un joven procesado, hijo de la persona que presentó la denuncia.
Ese allanamiento se realizó ante las sospechas de que la fiscala Ana Girala, según la imputación fiscal, tenía a su cargo una causa por tentativa de homicidio doloso, asociación criminal y producción de riesgos comunes, en la que habría acusado a dos participantes que esperaban por la realización de la audiencia preliminar que fue fijada para el 20 de febrero pasado.
Es así que el 7 de febrero de este año que la fiscala Girala habría iniciado el pedido de sumas de dinero, entre G. 10 y G. 25 millones, a cambio de plantear salidas alternativas al juicio oral al momento de la realización de la audiencia preliminar, para los dos procesado.
Lea más: Imputación a Ana Girala: fiscala sostiene que la procesan por "ofrecer salidas procesales"
Para ello, Girala se habría valido de su secretaria Griselda Acha que a su vez dio indicaciones a la abogada Liz Elena Martínez para contactar con el procesado, que en ese entonces estaba privado de libertad, siempre según la imputación.
Luego de esto la abogada Liz Martínez y la abogada Nélida Martínez se habrían puesto con contacto con el padre de uno de los procesados a fin de llegar a un acuerdo económico para “solucionar” la situación procesal de su hijo. En este sentido, Girala era informada de las tratativas por su secretaria Griselda Acha que a su vez recibía información de Liz Martínez.
Ya el 15 de febrero, la fiscala Ana Girala habría recibido el reporte de que había intención de “cerrar” el trato, pero para ello la abogada Liz Martínez debía saber qué salida se le daría al procesado en la audiencia preliminar. Ante esto, Girala se comprometió a soilcitar un “procedimiento abreviado”.
Por otra parte, la asistente Christi Ortega, se presume que habría tenido conocimiento de las tratativas que hacía su compañera y en ese sentido, estuvo expectante de los resultados para obtener un beneficio económico, siempre según la imputación.