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La transferencia de dinero de cerca de G. 14.000 millones prevista para las organizaciones populares que están nucleadas en la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina Indígena y Popular (ACIP) está siguiendo su proceso en el Ministerio de Hacienda, por lo que espera que se pueda cumplir con lo acordado, cerca del final de este mes o en abril, según respondió el ministro de Agricultura y Ganadería, Ing. Agr. Santiago Bertoni, ante la consulta.
Varias otras promesas más lograron acordar los manifestantes de las organizaciones CNI-ACI con las autoridades del Gobierno, tras movilizarse en nuestra capital, cerrando arterias y realizando marchas, desde el 6 hasta el 8 de este mes, oportunidad cuando se ubicaron en el entorno del local del MAG, sita en Yegros entre 25 de Mayo y Cerro Corá, entre otros puntos. Una de las promesas acordadas con la reciente movilización fue la entrega de 50.000 kits de alimentos, con 10 tipos de productos con 42 kilogramos en total. Esto, si se da en este momento, sería ideal para la campaña política de dos de los exponentes campesinos, que son candidatos a senadores.
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Otra reivindicación de la CNI-ACIP que es exigida al Gobierno es que el Banco Nacional de Fomento (BNF) compre unos 2.000 préstamos impagos de los campesinos, que datan de entre 2013 y 2015, y que ya están judicializados y se encuentran en poder de empresas de cobranzas. Según las autoridades esto no es posible y los dirigentes de la CNI-ACIP lo saben, pero ellos incluyen en sus reclamos para arrastrar adherentes hasta la capital, pero que el mayor interés de los mismos sería la transferencia.
La organización CNI empezó a cobrar notoriedad a partir de 2016, cuando durante 23 días realizaron protestas que importunaron a la ciudadanía, en reclamo de condonación de deudas, muchas de ellas de préstamos comerciales.
Posteriormente, en julio de 2017, volvieron a sitiar la ciudad con piquetes para exigir la condonación de deudas de unos 16.862 agricultores, por valor de US$ 34 millones, y así cada año.
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En el 2020, la movilización fue para forzar al Parlamento a establecer una ley para un multimillonario subsidio a su grupo, que fue la Ley Nº 6669/2020 “Para la restauración de los sistemas de producción de la agricultura familiar campesina”, con unos US$ 25 millones que estaban destinados a obras públicas. Dicha ley estableció transferencias directas a organizaciones campesinas.
Dar dinero, ¿una política de Estado?
Las organizaciones CNI - ACIP, que ya recibieron en total unos G. 64.000 millones desde 2019 al 2022, lo que no es fortuito sino al parecer una política de Estado, porque entre 1992 y 2007 las transferencias de dinero a campesinos fueron en total US$ 4.480 millones, y de entre 2007 y 2017 se dieron alrededor de US$ 1.200 millones, sin mayores resultados en el campo.