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La medida administrativa que tiene el aval de la ministra superintendenta de Canindeyú, está firmada por los camaristas Carlos Domínguez Rolón, Edith Purificación Martínez y Gustavo Brítez Miranda, presidente del Consejo de Administración de la XV Circunscripción.
La orden es similar al que dio el nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien otorga seis días a los fiscales y funcionarios de dicha institución para que informen sobre la posesión de vehículos en carácter de depositario judicial.
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Pero además de saber cuántos jueces cuentan con rodados en tal carácter, las autoridades judiciales de Canindeyú disponen que cada uno de ellos informen y remitan copia de sus resoluciones, dictadas en los últimos 4 años, referente a la entrega de vehículos en carácter de depositario judicial.
El pedido exige que los informes sean enviados en forma detallada con datos que indiquen si fueron entregados a personas físicas, jurídicas, establecimientos asistenciales o entidades públicas. Además, deben individualizar la causa, número y fecha de decisión, así como los datos del vehículo entregado.
Gustavo Brítez, presidente de la Circunscripción de Canindeyú, dijo que en primer lugar se pretende crear un archivo para el registro de todas las resoluciones emitidas por los juzgados y tribunales de Canindeyú, concediendo vehículos en carácter de depositario judicial.
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Dijo que la idea es corregir el mal uso de dicha figura y en adelante realizarlo estrictamente dentro del marco que exige la norma. Recordó que el depositario judicial está contemplado en el artículo 196 del Código Procesal Penal.
Según datos extraoficiales, sin embargo, decenas de vehículos incautados en distintos procedimientos habrían sido entregados de manera totalmente abusiva a personas particulares, políticos, funcionarios judiciales, funcionarios fiscales y fiscales de la zona.
Los rodados que se destinan a un depositario se convirtieron en una especie de regalo que se adjudica a personas e instituciones, bajo la falsa premisa de que será destinado al uso social. Incluso, no se descarta que algunos vehículos entregados por resolución judicial estén siendo empleados en el tráfico de drogas.