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Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Diego Arzamendia y Néstor Coronel, solicitaron abreviación de plazo en el marco de la segunda imputación contra la intendenta de Valenzuela, Mirtha Elizabeth Fernández Yegros, en vista a que la fecha fijada para requerimiento conclusivo era el 18 de abril y la acusaron a ella y a 11 personas más.
De acuerdo con el análisis de la documentación colectada en el periodo de investigación, entre la primera imputación y la ampliación de esta, se constató un perjuicio patrimonial que llega a la suma de G. 1.199.305.432, como consecuencia de los montos de los contratos que se corresponden con cheques efectivizados en entes bancarios por “obras fantasmas”.
La acusación fiscal fue presentada en el juzgado penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, a cargo de José Agustín Delmás, quien deberá fijar fecha y convocar a las partes del proceso penal para la audiencia preliminar, instancia en la que se resuelve si la causa se eleva o no a juicio.
La intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández, y el tesorero municipal durante el periodo del 2019, Christian David Flecha Fernández, fueron acusados por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal, ambos como coautores.
Por su parte, el fiscal de obras Elvis Ramón Balbuena López, la representante legal de la firma “MLF Constructora y Proyectos” María Liz Fleitas, el representante legal de “BC Constructora” Blásido Albino Candia, Carlos y Aníbal Samudio Sánchez, Sergio Ariel Flecha Fernández, Maglio César Nelson Muñoz Díaz e Inocencio López, por los hechos de lesión de confianza en carácter de cómplices y asociación criminal como coautores.
En tanto que las secretarias generales del municipio, Verónica Acosta y Silvia Espínola, fueron acusadas por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción de documentos no auténticos como coautoras, lesión de confianza como cómplices, declaración falsa y asociación criminal como coautoras también.
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Obras fantasmas que costaron G. 1.200 millones
Según el escrito de acusación contra la intendenta, en el año 2019 la intendenta de Valenzuela suscribió contratos con las empresas “BC Construcciones” y “MLF Construcciones y Proyectos” para la ejecución de al menos 10 obras, para las cuales se desembolsaron G. 1.199.305.432.
La Municipalidad de Valenzuela suscribió contratos con la firma “BC Constructora”, de Blásido Albino Candia, para la construcción de empedrado con cuneta, cordón, por G. 140 millones; la colocación de parques infantiles en plazas barriales e instituciones educativas por G. 120 millones, con fuentes de royalties.
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Así también, dicha empresa fue contratada para la construcción de empedrado en el área de influencia de la Escuela Básica José Dolores Vázquez de la compañía Santa Librada, por G. 94.970.000 con fondos del Fonacide, la construcción de empedrado en la calle 12 de Junio y de vereda al costado de la iglesia San José, por G. 120 millones y G. 57.550.000, con fondo de royalties.
Igualmente, se desembolsó la suma de G. 68 millones para la construcción de vereda al costado del local municipal, sobre el tramo Teniente Eligio Montanía, y por otra obra, sobre la misma vía pero al costado de la iglesia San José, por G. 110 millones, ambos a nombre de la firma “BC Constructora” con fondos de royalties.
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En tanto que con la firma “MLF Construcciones y Proyectos” se firmaron contratos para canalización, entubado y empedrado en la compañía Curupayty, por G. 80 millones y por G. 120 millones para la canalización y perfilado en la compañía Juan Cancio Flecha, ambas con fondos de royalties.
Por otra parte, con la firma “Marías Group SA”, representada por Simón Candia, se firmó un contrato por G. 168 millones para la reparación de aulas de la Escuela Héroes del Chaco.
De acuerdo con la rendición de cuentas presentada por la administración municipal a la Contraloría General de la República, todas estas obras fueron ejecutadas en su totalidad en el 2019 y abonadas íntegramente. Sin embargo, durante la pesquisa se constató que algunas de ellas no fueron ejecutadas en realidad, mientras que otras se realizaron luego de la denuncia ante Fiscalía.
Para justificar los desembolsos, Mirtha Fernández utilizó documentos no auténticos que no reflejaban la realidad de las operaciones declaradas y contó con la colaboración de los demás procesados, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.199.305.432.