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El sábado pasado, el cardenal Adalberto Martínez solicitó a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción que desvincule al docente Cristian Kriskovich, ante la denuncia por acoso sexual en su contra. Al respecto, Mónica Castañe, madre de la denunciante, manifestó que este pedido es una “tomadura de pelo”.
Esto se dio atendiendo a que, según la mamá de Belén Whittingslow, su hija ya se había reunido en el 2018 con Adalberto Martínez para hablar sobre el caso y presentar al religioso “toda la documentación” referente, con lo que esperaba una respuesta por parte de las autoridades eclesiásticas, pero estas “no hicieron absolutamente nada”.
Asimismo, Castañe reiteró que en 2019 otra vez hubo un acercamiento con el ahora cardenal, incluso con el acompañamiento de abogados y senadoras, acercando en esta ocasión nuevamente la documentación sobre la denuncia por acoso sexual contra Kriskovich y solicitando una intervención suya.
“Quedé perpleja y muy extrañada cuando él dijo que no conocía el caso. Luego, mágicamente, pide la destitución de Kriskovich. Para mí, es una tomadura de pelo porque hace años sabe de nuestro caso, hace seis años”, apuntó.
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Madre de Belén Whittingslow: “Tratan a mi hija como a una asesina en serie”
Continuando con sus declaraciones, Castañe dijo que tratan a Belén Whittingslow como a una “asesina en serie” e incluso lamentó que estén cometiendo “un asesinato en vida”, responsabilizando a Narciso Velázquez (rector de la UC), César Ruffinelli (asesor de la UC), Edmundo Valenzuela (exarzobizpo) y al docente Cristian Kriskovich.
Cabe resaltar que desde hace más de 20 días la madre de Whittingslow se encuentra encadenada frente al Palacio de Justicia para exigir resolver la acción de inconstitucionalidad referente a la orden de captura en contra de su hija, que hasta ahora se encuentra refugiada en Uruguay.
Además, la mujer enfatizó que Kriskovich habría realizado un “intercambio de favores” con la jueza Lici Teresita Sánchez para este pedido de orden de captura, considerando que la magistrada debía ser remitida al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) o inhibirse de la causa.
“Hace hace 21 días estoy encadenada permanentemente esperando que se resuelva la acción de inconstitucionalidad por una orden que jamás tuvo que haber existido. Es imperdonable esto, ¿y qué garantías tenemos los ciudadanos? Es una bofetada y nosotros suplicamos que se periten los teléfonos de mi hija para ir a juicio oral con la Católica”, finalizó.
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