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El magistrado José Agustín Delmás ratificó la prisión decretada el 17 de febrero pasado contra la secretaria fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz y las abogadas Liz Elena Martínez Robles y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, procesadas conjuntamente con la fiscala Ana Girala por cohecho pasivo agravado y asociación criminal, por considerar que existe peligro de obstrucción a la investigación.
Si bien el magistrado fue recusado por una de las defensas, realizó la audiencia de revisión para evitar dilaciones, tal como lo dispone el artículo 346 del Código Procesal Penal.
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Estas personas fueron detenidas el 16 de febrero pasado, durante un allanamiento realizado por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Osmar Legal a la Unidad Penal de San Lorenzo, a cargo de la fiscala Ana Elizabeth Girala López, en la investigación de un pedido de coima de G. 25 millones para favorecer a un procesado.
Procesadas por supuesta coima ofrecieron fianza
En la audiencia de revisión, la defensa de Griselda Acha ofreció la fianza de un inmueble ubicado en Villa Elisa, propiedad de otra persona, tasada en US$ 108.000. En su exposición, cuestionó la exposición mediática del caso y pidió que se considere que es madre de una niña de 4 años y no tiene antecedentes.
A su vez, Liz Martínez alegó que su esposo padece una enfermedad cuya medicación es muy costosa, por lo que su aporte económico es fundamental. Explicó que además de ejercer la profesión de abogada, también trabaja en la plataforma Bolt, por lo que pide su libertad.
Por su parte, Nélida Alcaraz hizo hincapié en la baja expectativa de pena del hecho punible investigado y ofreció fianza real para pedir su libertad. También cuestionó la amplia difusión que los medios de prensa dieron al caso.
Ministerio Público pidió prisión y luego cambió de postura
En ocasión de presentar la imputación, Legal solicitó prisión para todos. Como Legal fue recusado, acudió a la audiencia de revisión de medidas la fiscala Liliana Alcaraz, quien llamativamente cambió de postura y se allanó al pedido de la defensa. En ese sentido, recomendó la concesión del arresto domiciliario, con prohibición de salir del país y de contactar con los demás procesados por el caso, previa imposición de fianza real.
Sobre el punto, Delmás destaca que si bien la agente fiscal interina se allanó al pedido de las defensas técnicas de aplicación de medidas sustitutivas de prisión, la misma solamente se refirió a la caución real ofrecida por las defensas técnicas, no así al peligro de obstrucción a la investigación.
“Este juzgador considera que el peligro de obstrucción se encuentra latente, así como habla el artículo 242 del C.P.P. del supuesto hecho punible grave, en razón a que el fiscal se encontraba realizando las diligencias pendientes ya que estamos en una etapa incipiente de la presente investigación, por lo que este magistrado considera prudente no hacer lugar a lo peticionado por la defensa técnica del imputado, debiendo ratificarse la medida cautelar de prisión preventiva dictada por Auto Interlocutorio N° 92 de fecha 17 de febrero de 2023″, afirmó Delmás.
“En otro orden de ideas, la misma argumentación de las partes ya fue articulada y ha motivado el dictamiento del A.I. N° 116 de fecha 01 de marzo de 2023, la cual no fue recurrida por la defensa técnica, y a tan solo 9 (nueve) días de haberse dictado dicho auto interlocutorio, la defensa técnica vuelva a solicitar la revisión de medidas, y se puede notar que aquellos elementos que en su momento han motivado el dictamiento de la medida cautelar de prisión preventiva, no han variado”, explicó el magistrado.
Dictamen a cambio de “parilla y mesa de asado”
La investigación del supuesto esquema de coima detectado en la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo incluyó la extracción de datos de los celulares incautados a las personas ahora procesadas, que arrojó datos como mínimo reveladores. En mensajes extraídos de los teléfonos de los procesados se observa cómo en una conversación, la agente Ana Girala pide una “parrilla” o una “mesa de lapacho” a cambio de favores.
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“Me conformo con una parrilla o con mi mesa de lapacho para mi quincho”, dice uno de los supuestos mensajes de la fiscala Ana Girala, enviados a Griselda Beatriz Acha Alcaraz, asistente fiscal procesada, cuya prisión fue recientemente ratificada.
Legal imputó a su colega Girala por cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal, en calidad de autora; a la asistente fiscal Christi Magali Ortega Domínguez por cohecho pasivo y asociación criminal en calidad de cómplice y a la secretaria fiscal Griselda Beatríz Acha Alcaraz, por asociación criminal en calidad de cómplice.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no se ha expedido sobre el caso aún.
También fueron imputados los abogados Marcos Aurelio Velazco Mendoza, Liz Elena Martínez y Nélida Vicenta Alcaraz, por soborno agravado en calidad de autores y asociación criminal en calidad de cómplices.
Girala está imputada pero no ha sido procesada aún a raíz de una serie de chicanas promovidas en contra de su imputación.