Cargando...
El 20 de febrero pasado, un grupo de funcionarios de la Cámara Alta denunció a Manuel Gamarra y Raúl Flor, representantes del Sindicato de Integración de Funcionarios de la Cámara de Senadores (Sifcase), por presunta estafa y producción de documentos no auténticos.
Según los denunciantes, los acusados sacaron dinero en efectivo a nombre de funcionarios y luego las presuntas víctimas se presentaron con el embargo de sus salarios por parte de la empresa “Markven SA”, donde se habrían acercado los sindicalistas.
Conforme detalló una de las denunciantes, Patricia Salinas, hay alrededor de 100 funcionarios del Congreso Nacional afectados por esta situación que les implica un embargo de casi G. 30 millones de su dinero, sin incluir la liquidación y los intereses u otros gastos que puedan tener estas personas.
Para la investigación de la denuncia, el Ministerio Público -aún con Sandra Quiñónez- había designado a la fiscala Teresa Sosa el 28 de febrero, sin embargo, esta información fue conocida recién el jueves 9 de marzo pasado por los denunciantes.
“Manuel Gamarra ya no apareció, el que sigue apareciendo es Raúl Flor. Ojalá -con el nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón- se mueva la carpeta porque es muy fea la situación que estamos pasando los funcionarios”, detalló Salinas.